La Cooperativa Yerbatera Andresito Ltda., una de las entidades más emblemáticas del norte misionero y presidida por Juan Carlos Amann, dirigente identificado con el ideario libertario y defensor de la desregulación del mercado yerbatero impulsada por el gobierno nacional, declaró una crisis financiera y suspendió los pagos de contado a sus productores asociados, en un contexto económico y político marcado por la caída de precios y la pérdida de herramientas de regulación estatal, tras la eliminación de las facultades del INYM.
A través de una comunicación oficial fechada el 18 de diciembre de 2025, el Consejo de Administración informó a sus socios que “debido a la situación económica actual, la cooperativa se encuentra en una posición financiera compleja”, motivo por el cual “no se podrán realizar pagos hasta nuevo aviso”. El texto, breve y contundente, solicita comprensión y promete futuras actualizaciones por los canales institucionales.
Las autoridades aluden de manera genérica a la “situación económica actual”, pero evitan precisar que ese escenario está directamente vinculado a las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, que provocaron el deterioro del precio de la hoja verde y un proceso de empobrecimiento acelerado de los productores. Se trata de políticas que muchos productores defienden públicamente y que forman parte del programa libertario de desregulación.
La decisión impacta de lleno en unas 130 familias productoras que entregan hoja verde para su secado, molienda y comercialización bajo la marca Andresito, una de las yerbas mate más reconocidas del país, que supo ubicarse entre las diez más vendidas a nivel nacional. En Comandante Andresito, municipio profundamente ligado a la actividad yerbatera, la noticia generó alarma por su efecto directo sobre el empleo y la economía local.
En una entrevista radial, Amann confirmó las dificultades financieras y reconoció problemas de liquidez. “Por ahí la solicitud de los socios de pago de contado es mayor a los ingresos”, explicó, señalando que la cooperativa depende casi exclusivamente de la venta de yerba en paquete y que hacia fin de año se produce una fuerte caída en las ventas.
El presidente admitió además que las grandes cadenas comerciales redujeron volúmenes y extendieron plazos de pago, obligando a la cooperativa a operar con cheques diferidos. “Salir a vender cheques antedatados tiene un costo financiero”, afirmó, y reconoció que la cooperativa tiene alrededor de 100 millones de pesos pendientes de cobro, una carga que profundiza el ahogo financiero.
Otro dato clave surgido de la entrevista fue el impacto de la desregulación. Amann confirmó que la cooperativa paga 305 pesos por kilo de hoja verde a sus socios, mientras que en el mercado desregulado “hay zonas donde están pagando 150 o 160 pesos”. Esa diferencia deja a Andresito en una clara desventaja frente a los grandes molinos.
“Hoy manda la oferta y la demanda”, sostuvo el presidente, y agregó que los grandes actores de la industria “regulan el mercado de acuerdo a sus condiciones”, sintetizando el escenario que dejó el desmantelamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), organismo que hasta 2024 fijaba precios mínimos y ordenaba la actividad.
La crisis de la cooperativa se inscribe en un contexto más amplio del sector yerbatero misionero. Desde hace años, los productores enfrentan caída del consumo interno, inflación sostenida, aumento de costos y competencia con yerba importada desde Paraguay y Brasil. En 2025, la recesión general profundizó el escenario y terminó de asfixiar a cooperativas y secaderos.
El dato político agrega una dimensión clave. En las elecciones de 2025, La Libertad Avanza obtuvo triunfos contundentes en Comandante Andresito y en otros municipios yerbateros como Oberá, Jardín América y Apóstoles, es decir, en los territorios más afectados por la desregulación del mercado que ese espacio promovió a nivel nacional.
La paradoja se explica, en parte, por la composición del padrón electoral. Apenas el 5,18% de los votantes de Misiones pertenece a familias yerbateras, mientras que la mayoría responde a sectores urbanos y asalariados. Así, un sector estratégico para la economía provincial conserva peso simbólico, pero perdió capacidad real de incidir en las políticas públicas