La industria textil argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos al registrar una caída de la actividad del 20,8% interanual entre enero y agosto de 2026 —acumulando un desplome del 33,9% respecto al mismo período de 2023— y operar con apenas el 40,6% de su capacidad instalada, su nivel más bajo de la serie histórica con excepción del año pandémico 2020; según el relevamiento presentado por la Fundación Pro Tejer en el evento ProTextil 2026, el combo de demanda interna debilitada, aluvión de importaciones y altos costos internos provocó la destrucción de 28.818 puestos de trabajo registrados (-23,9%) y el cierre de 1.090 establecimientos fabriles desde diciembre de 2023.
El deterioro laboral en la cadena de valor textil, indumentaria y calzado representa casi un tercio de toda la destrucción de empleo industrial registrada en el país desde diciembre de 2023. A la pérdida de 1.090 establecimientos industriales (-17,7%) entre diciembre de 2023 y julio de 2026 se sumó el cierre de otros 3.804 comercios vinculados al rubro (-17,8%). Este fenómeno se inserta en una contracción más amplia del tejido productivo nacional: según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), cerraron 33.583 establecimientos con trabajadores asegurados en ese lapso, lo que equivale a una baja de alrededor de 42 empresas por día durante el último año.
Durante la apertura de ProTextil 2026, el presidente de la Fundación Pro Tejer, Luciano Galfione, cuestionó la política económica del Gobierno y reclamó medidas urgentes para resguardar la producción nacional. Si bien reconoció la importancia de la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación, advirtió que esas condiciones resultan insuficientes por sí solas para revertir la caída de la actividad y el uso ocioso de las plantas, donde actualmente apenas se utilizan 4 de cada 10 máquinas disponibles (40,6%).
El avance de las importaciones, el derrumbe del consumo y los costos internos
Para la entidad empresarial, la crisis responde a un cambio estructural en el abastecimiento del mercado interno: las importaciones pasaron de representar históricamente cerca de la mitad de la oferta a explicar alrededor del 70%, desplazando a la producción nacional al 30%. Entre enero y septiembre de 2026, las importaciones de indumentaria crecieron 46% en toneladas respecto al mismo período del año anterior, mientras que las confecciones para el hogar saltaron 209%. Asimismo, las compras externas vía courier alcanzaron los US$960 millones en los primeros nueve meses del año —6,3 veces más que en igual lapso de 2024 y 60% por encima de 2025—, llegando a representar en junio el 1,8% de las importaciones totales frente al 0,7% de diciembre de 2024.
Este ingreso de mercadería externa coincide con una marcada retracción del poder adquisitivo. En la comparación de enero-agosto de 2026 frente a igual período de 2023, el salario registrado privado cayó 4%, el público retrocedió 25% y el haber mínimo jubilatorio (con bono incluido) bajó 10%, impactando en las ventas de supermercados (-16,2%) y shoppings (-28,5%). Paralelamente, los costos fijos escalaron con fuerza: en el AMBA, la canasta de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) aumentó 966% entre diciembre de 2023 y julio de 2026 frente a una inflación acumulada del 241%.
Reclamo por competitividad y críticas al esquema del RIGI
Galfione rechazó que los precios locales obedezcan a una supuesta ineficiencia fabril. «Es la Argentina la que tiene un problema de competitividad», enfatizó, señalando los sobrecostos que se acumulan fuera de las fábricas en materia de presión tributaria, logística, infraestructura, financiamiento, alquileres comerciales e intermediación.
Desde Pro Tejer reclamaron implementar una política industrial activa, contrastando la apertura local con las medidas proteccionistas adoptadas desde 2020 por otras economías: las restricciones de Estados Unidos a envíos de bajo valor, los aranceles de la Unión Europea a paquetes extrazona, la ley francesa contra el ultra fast fashion y la suba arancelaria de México a países sin acuerdos comerciales. En contraposición, Galfione cuestionó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) carezca de exigencias suficientes de integración con proveedores locales para derramar sobre las pymes, sector que concentra el 98% de las empresas empleadoras y el 50% del empleo privado registrado del país.