José Rizzo, secretario adjunto de la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (APPVN) explicó que la situación de las vías de tránsito es alarmante y se deterioró significativamente en los últimos años.
Según indicó, al inicio de la gestión actual, el 50% de la red vial nacional se encontraba en estado regular o malo. El funcionario precisó que “ahora tenemos alrededor del 75% de la red en estado regular o malo”.
La organización analizó la asignación de fondos provenientes del impuesto a los combustibles y detectó irregularidades. “Entendemos que deberían habérsele asignado a la Dirección Nacional de Vialidad, aproximadamente 400.000 millones de pesos desde el comienzo de esta gestión”, afirmó.
Además, explicó que una parte de ese impuesto a los combustibles “se deriva para Vialidad Nacional y en vez de derivarlo para Vialidad Nacional, se lo gira para otros fines que nosotros desconocemos”.
La denuncia de la APPVM se sustenta en la presunción de una retención indebida y un giro de fondos con fines no correspondientes. Rizzo sostuvo que “el impuesto a los combustibles debería ir a un fondo fiduciario que tiene un fin preestablecido que es la conservación, mantenimiento y construcción de rutas y en lugar de eso se desvía con otros fines que sinceramente no lo sabemos, pero entendemos que de alguna manera podrían constituir una malversación de fondos”.
Ante esta situación y el peligro que representa para los ciudadanos circular por rutas en mal estado, la asociación decidió recurrir a la Justicia. “Fue que decidimos hacer una denuncia para que sea la Justicia la que determine si realmente existe o no existe una malversación de fondos y si se le pueden asignar los fondos a la Dirección Nacional de Vialidad para que atienda las rutas como realmente corresponde”, explicó.
Los funcionarios apuntados
La presentación judicial encuadra los hechos en delitos como malversación de caudales públicos, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. La denuncia menciona a varios funcionarios nacionales como máximos responsables, entre ellos Luis Caputo, Nicolás Posse y Manuel Adorni, además de las autoridades de la Vialidad Nacional.
Rizzo consideró que los propios funcionarios de Vialidad Nacional deberían reclamar los fondos necesarios. “Nosotros entendemos que si el Estado Nacional no se da cuenta del dinero que no está trasladando o otorgando a la Dirección Nacional de Vialidad, deberían ser los propios funcionarios los que tienen que hacer los reclamos que corresponda para que esos fondos realmente asistan a las rutas”, aseguró.
“Deberían informarle al Poder Ejecutivo Nacional el estado de las rutas, pero parece que los únicos que informamos el estado de las rutas somos nosotros y no es lo que corresponde”, agregó.
La denuncia se presentó la semana pasada y, según el entrevistado, busca que el Poder Ejecutivo “atienda las rutas”. El representante gremial insistió: “No nos interesa estar sancionando penalmente a nadie. Nos interesa que de alguna manera exista algún reconocimiento y que se deriven los fondos que realmente corresponden”.
El secretario adjunto de la APPVM criticó las propuestas del Gobierno sobre la red vial nacional. “No hay una noción clara de lo que es la red vial nacional. Nosotros tenemos un poco más de 40.000 kilómetros de red. El gobierno habla de 9.100 kilómetros que serían los que se van a concesionar. Hablan de otros 12.000 kilómetros que posiblemente tentativamente se intenta trasladar a las provincias para que se hagan cargo”, indicó.
No obstante, a su criterio estas medidas no son adecuadas porque implican una doble imposición para los ciudadanos. “Por un lado pagamos los impuestos a los combustibles para atender las rutas nacionales y por otro lado nos cobran impuestos como es la concesión de obra pública, el peaje, cuando en realidad eso ya lo estamos pagando por otro lado”, argumentó.
Asimismo, alertó sobre los riesgos de trasladar la responsabilidad a las provincias. “Trasladar las rutas nacionales a las provincias es hacerles una carga a las provincias que no están preparadas y cada uno va a mantener las rutas como pueda, o sea, con los recursos que tenga, algunos más, otros menos, pero entendemos que esa no es la forma de atender la red nacional”.
El secretario adjunto hizo hincapié en la necesidad de atender la red nacional en su conjunto y mantener un mismo nivel de servicio en todo el país para garantizar la seguridad de los usuarios.