Mientras la lista de víctimas por metanol elaborada por el Ministerio de Salud se alarga día a día, varias operaciones policiales han hallado un auténtico sistema paralelo y totalmente ilegal que abastecía a muchos locales
El caso de la adulteración con metanol de bebidas destiladas en Brasil, que estalló hace unas semanas, ha desatado una tormenta de problemas. En el gigante latinoamericano, la contaminación se está extendiendo, desde las bebidas alcohólicas hasta el agua y los agroquímicos, poniendo en riesgo la calidad de la cadena alimenticia. Mientras la lista de víctimas por metanol elaborada por el Ministerio de Salud se alarga día a día, varias operaciones policiales han descubierto un auténtico sistema paralelo y totalmente ilegal que abastecía a muchos locales en varios estados del país, pero sobre todo en San Pablo y sus alrededores, los más afectados por la emergencia.
Ayer, el comisario general de la Policía Civil paulista, Artur Dian, declaró que todas las bebidas adulteradas con metanol vendidas en el estado de San Pablo se habrían producido en la periferia, en una fábrica clandestina gestionada por una familia en São Bernardo do Campo. La principal sospechosa es una mujer, Vanessa Maria da Silva, detenida in fraganti la semana pasada. Según la investigación, toda la cadena criminal, desde la producción hasta la distribución en bares y restaurantes, giraba en torno al núcleo familiar de la mujer. El metanol, utilizado en la fabricación de pinturas y disolventes, era suministrado por dos distribuidores de combustible ya identificados por la policía.
Hasta ahora se han registrado seis muertes relacionadas con la ingestión de bebidas adulteradas en el estado de San Pablo, dos de las cuales se ha confirmado que procedían de la fábrica de Vanessa, y otra víctima ha quedado ciega de forma permanente. San Pablo ya ha registrado 90 casos de contaminación por metanol, de los cuales 33 están confirmados y 57 siguen bajo investigación. Por el contrario, se han descartado 339 casos sospechosos. El estado concentra el 60,81% de las denuncias a nivel nacional. En cuanto a las muertes confirmadas, son ocho, mientras que otros 10 casos mortales aún se encuentran bajo investigación.