Ecuador anunció este jueves la reactivación de comités de seguridad para evaluar la situación en las cárceles, entes que habían sido desmantelados por el actual Gobierno, tras los motines registrados esta semana en prisiones que dejaron al menos 79 reclusos muertos y decenas de heridos.
«He dispuesto a gobernaciones activar de manera permanente Comités de Seguridad en provincias», indicó el ministro de Gobierno (Interior), Patricio Pazmiño, y explicó por Twitter que la disposición para «gestionar la crisis carcelaria» apunta en especial a las provincias de Guayas, Azuay y Cotopaxi, donde se encuentran las penitenciarias que fueron escenario de los amotinamientos.
Las cárceles de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, que concentran un 70 por ciento de la población carcelaria de Ecuador, fueron escenarios de las violentas revueltas que dejaron 79 presos fallecidos.
En la prisión de Cuenca, algunos reclusos fueron decapitados y estuvieron a punto de ser incinerados, indicó la agencia de noticias AFP.
Tras el anuncio oficial de que la Policía restableció el orden, las autoridades reportaron el miércoles por la noche nuevos amotinamientos en Guayaquil y Latacunga, sin que hasta ahora reporten víctimas.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) señaló por Twitter que volvió a tomar el control luego de los recientes «incidentes» y la Policía Nacional explicó que lograron frustrar un intento de fuga masiva de 166 presos que intentaron escapar de un centro penitenciario en la ciudad de Guayaquil.
«La Policía de Ecuador dio respuesta inmediata en Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, evitando una fuga masiva con alrededor de 166 internos que intentaron escapar. Además, en la intervención se aprehendieron cinco armas de fuego y otros indicios que no están permitidos», informó la fuerza en su cuenta de Twitter.
Tras la oleada de conflictos en el sistema carcelario, el presidente Lenín Moreno, quien en breve termina su mandato con la popularidad por el suelo, calificó el miércoles de «barbarie» lo sucedido y expresó que en las cárceles se produjo «un exterminio entre bandas delincuenciales» que «se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional».
Pero el candidato correísta y ganador de la primera vuelta en las últimas elecciones presidenciales, Andrés Arauz, responsabilizó a Moreno por los «lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte».

Arauz recordó que, durante la presidencia de Rafael Correa, existían comités, como los que acaba de anunciar el Gobierno, que ser reunían cada semana para analizar la situación carcelaria en el país.
“Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía, inclusive había una coordinación con fuerzas municipales. Ahora todo eso ha sido desmantelado», manifestó.
También Guillermo Lasso, el rival que enfrentará Arauz en el balotaje del 11 de abril, prometió que un eventual Gobierno suyo reformaría el sistema penitenciario “para evitar el exceso de personas privadas de la libertad en las cárceles” y “acabar con las mafias nacionales e internacionales, que operan desde adentro” de los centros de rehabilitación social.
Amnistía Internacional reclamó hoy que las autoridades ecuatorianas «rindan cuentas» por la muerte de los presos.
La directora para las Américas de la ONG, Erika Guevara, señaló que las autoridades «no pueden eludir sus responsabilidad atribuyendo los hechos sólo a disputas entre organizaciones delictivas».
A su juicio, esto «sólo invisibiliza la grave situación de los centros de privación de libertad».
Ecuador tiene alrededor de 60 centros penitenciarios, que registran una sobrepoblación de 30 por ciento.
Fuente: Telam