El oficialismo retoma el tratamiento en la Comisión de Presupuesto con la presencia de funcionarios de Educación. La oposición y los bloques dialoguistas exigen fondos para las universidades nacionales y la recomposición salarial docentes.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que preside Bertie Benegas Lynch, retoma este martes a las 10 el debate sobre el proyecto de ley de Presupuesto 2027. La jornada cuenta con la presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, en una reunión donde el financiamiento de las casas de estudio superiores centra el contrapunto entre el oficialismo y la oposición.
El punto de conflicto radica en los montos destinados a las casas de altos estudios. Mientras el proyecto del Poder Ejecutivo prevé transferencias por 7,7 billones de pesos para 2027, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó 11 billones de pesos en la planilla enviada a la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Los bloques de la oposición exigen el cumplimiento estricto de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema educativo pública en todo el país.
Las voces del debate en la Cámara Baja
Desde Encuentro Federal, el diputado Miguel Pichetto defendió la necesidad de sostener los recursos nacionales y resaltó: “Financiar la educación es una política de Estado que debe sostenerse a través de los gobiernos y las generaciones. Es la posición que defendí en el Senado y mantengo en Diputados: garantizar el presupuesto universitario, la gratuidad y la posibilidad de estudiar en todo el país. El Gobierno debe cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y garantizar los recursos para el funcionamiento de las universidades públicas”.
En esa misma línea, el diputado socialista Esteban Paulón reclamó cumplir la legislación vigente: “En democracia las leyes se cumplen. Cumplan con las universidades”. La respuesta del oficialismo llegó a través de la diputada de La Libertad Avanza Bárbara Andreussi, quien cuestionó la administración de las altas casas de estudio: “Estamos a favor de la universidad pública sin aranceles. Estamos en contra de que se nieguen a ordenar las cuentas: hay rectores que cobran hasta 18 millones y universidades como la UNA que gastan $423 millones por graduado, con bajísimas tasas de egreso. Basta de malgastar el dinero de los argentinos”.
Por su parte, los bloques dialoguistas también hicieron oír su reclamo. El diputado Alberto Arrúa, integrante de la bancada Argentina Federal, presentó un proyecto de resolución para exigir la inclusión de partidas que garanticen el funcionamiento y la actualización salarial en el Presupuesto 2027. El legislador remarcó: “El financiamiento de nuestras universidades públicas debe ser una prioridad en la planificación presupuestaria del Estado nacional. No alcanza con reconocer la importancia de la educación superior: es indispensable garantizar los recursos que permitan sostener su funcionamiento, acompañar a sus trabajadores y asegurar el acceso de nuestros jóvenes a la educación universitaria”.
Números, proyecciones y movilización en la calle
A la presión parlamentaria se sumó la Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical, conducida por Leonel Chiarella, que tras reunirse con legisladores y el bloque de Rectores Reformistas respaldó el pedido presupuestario del CIN y exhortó a defender los recursos durante el tratamiento en el Congreso. La discusión legislativa coincide además con la movilización frente al Congreso en la quinta Marcha Federal Universitaria.
Según los datos recabados en los planteos sectoriales, el presupuesto asignado a las universidades para 2026 fue un 25,3% inferior en términos reales en comparación con 2023, mientras que los salarios docentes quedaron un 24,2% por debajo de los niveles de ese período. Para acatar la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios advierten que el Ejecutivo debería otorgar un incremento del 32% sobre las remuneraciones registradas en septiembre.
El proyecto del Presupuesto 2027, que ingresó al Parlamento el 15 de septiembre, estima un crecimiento del PBI del 4%, una inflación interanual del 18% y una pauta cambiaria fijada en $1.847,60 para diciembre de 2027, variables que la comisión continúa evaluando junto con las partidas correspondientes a Educación