El Gobierno nacional anunció el envío al Congreso de un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades con el objetivo de modernizar el régimen societario argentino, reducir regulaciones y facilitar inversiones. La iniciativa fue presentada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien aseguró que la propuesta busca adaptar el sistema legal “a la economía del siglo XXI” mediante una mayor libertad contractual, digitalización plena y menor intervención estatal.
El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, una iniciativa que apunta a transformar el funcionamiento del régimen societario argentino y avanzar en un esquema basado en la desregulación, la autonomía privada y la digitalización.
El anuncio fue realizado inicialmente por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego ampliado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien brindó detalles sobre los principales cambios contemplados en la propuesta.
“Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, afirmó el funcionario.
A través de sus redes sociales, Sturzenegger explicó que la iniciativa busca modificar la histórica Ley General de Sociedades impulsada durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse. “Es un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando”, sostuvo.
El ministro aseguró además que la propuesta implica un cambio estructural en la relación entre el Estado y las empresas. “El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, expresó.
En relación con los cambios centrales de la futura normativa, Sturzenegger destacó que “se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”.
En esa misma línea, remarcó que las restricciones estatales “serán excepcionales y de interpretación restrictiva” y aclaró: “Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”.
Según detalló el funcionario, uno de los principales objetivos de la reforma es eliminar lo que definió como “trabas burocráticas de los registros”. En ese sentido, explicó que el objeto social de las empresas podrá ser amplio, plural y sin obligación de conexidad entre actividades.
Además, señaló que si una sociedad no consigna un objeto específico en su estatuto, se entenderá automáticamente que puede desarrollar cualquier actividad lícita. “Implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”, enfatizó.