El Gobierno nacional llevó a la Corte Suprema su disputa por la Ley de Financiamiento Universitario, en un intento por frenar su aplicación tras el revés sufrido en la Cámara. La medida profundiza el conflicto con el sistema universitario y abre un nuevo capítulo judicial con alto impacto político y presupuestario.
El Gobierno nacional presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que suspenda la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, reiterando los mismos argumentos que ya había expuesto en instancias previas y en el decreto con el que promulgó la norma.
Desde el Ejecutivo sostienen que la legislación no establece con precisión de dónde deben surgir los fondos necesarios para su implementación. “La ley no precisa de qué partidas deben salir los fondos ni cuáles son las fuentes concretas de financiamiento para cumplirla”, expresaron fuentes oficiales.
La postura oficial se basa en una objeción que el Gobierno mantiene desde 2025, cuando vetó la ley, y que volvió a plantear tras la insistencia del Congreso en su sanción. En el decreto 647/2025, los equipos legales argumentaron que la norma debía quedar suspendida en su ejecución en función del artículo 5 de la ley 24.629, hasta tanto el Congreso definiera las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto nacional.
Sin embargo, ese planteo fue rechazado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En una resolución fechada el 31 de marzo, la Sala III confirmó la medida cautelar que ordena al Estado cumplir de forma inmediata con los artículos 5 y 6 de la ley 27.795, vinculados a la actualización salarial de docentes y no docentes y a la recomposición de becas. En su análisis preliminar, los jueces sostuvieron que no se puede suspender la aplicación de una ley posterior del Congreso basándose en otra norma anterior de igual jerarquía.
Pese a este revés judicial, la Casa Rosada decidió mantener su estrategia y trasladar el planteo al máximo tribunal. En Balcarce 50 aseguran que el recurso busca ganar tiempo y sostener que la implementación de la ley debe adecuarse a la disponibilidad presupuestaria, con el objetivo de evitar un déficit en las cuentas públicas.
En paralelo, el Gobierno analiza impulsar una nueva ley que permita modificar el costo fiscal de la normativa vigente y reabrir el debate en el Congreso con una alternativa que implique menor impacto presupuestario. Mientras tanto, aseguran que se continuará con la actualización de partidas universitarias y el cumplimiento de las erogaciones mensuales previstas.
Según indicaron fuentes oficiales, la adecuación presupuestaria será incorporada en el presupuesto 2026 y se ejecutará de forma mensual hasta fin de año, descartando un desembolso único por el total del monto estimado. En ese sentido, remarcan que se trata de una redistribución interna de partidas durante el ejercicio y no de un pago inmediato en una sola transferencia.
Dentro del sistema universitario, en tanto, también manejan expectativas similares respecto a la modalidad de pago. Fuentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) consideran que la eventual erogación será mensual y que, por el momento, no incluiría un pago retroactivo completo. Además, advierten que la implementación podría volver a demorarse debido a la nueva apelación judicial, lo que mantiene un escenario de incertidumbre.
Este conflicto se suma a otro frente judicial abierto para el Ejecutivo. En paralelo a la disputa por el financiamiento universitario, el Gobierno impulsó un recurso de “per saltum” ante la Corte Suprema para revertir la suspensión de parte de la reforma laboral. En la Casa Rosada reconocen que el máximo tribunal ya quedó involucrado en dos conflictos de alto “voltaje político