La Cámara baja debatirá este jueves el decreto que modificó las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate. El sector productivo reclama recuperar herramientas de regulación, mientras persisten interrogantes sobre los efectos concretos de una eventual derogación.
La situación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) volverá al centro de la discusión legislativa este jueves 15 de octubre, cuando la Cámara de Diputados de la Nación trate el rechazo del DNU 70/2023, la norma que impulsó cambios en el funcionamiento del organismo y en sus atribuciones sobre la actividad yerbatera.
El debate se produce después del rechazo del decreto en el Senado y en medio de los reclamos de productores y referentes del sector, que advierten sobre las consecuencias de la desregulación para el eslabón primario de la cadena. En Misiones, donde la producción de yerba mate tiene un peso central en la economía regional, la discusión adquiere especial relevancia por su impacto potencial en la negociación de precios y las condiciones de comercialización de la materia prima.
El DNU 70/2023 modificó aspectos de la Ley 25.564, que creó el INYM, y eliminó facultades vinculadas con la intervención del Instituto en el mercado. Entre los puntos cuestionados por los productores se encuentra la pérdida de herramientas para regular la actividad y participar en la determinación de precios de referencia para la hoja verde y la yerba mate canchada.
El reclamo de los productores yerbateros
En la previa de la sesión, productores y referentes de la actividad intensificaron sus pedidos a los legisladores nacionales para que rechacen el decreto. Uno de los planteos difundidos recientemente reunió las firmas de 82 productores y referentes yerbateros, quienes solicitaron a los diputados nacionales que acompañen el rechazo y pusieron especial atención en la posición de los representantes de Misiones.
El reclamo se relaciona con la necesidad de recuperar instrumentos que permitan al INYM intervenir en una cadena caracterizada por las diferencias de escala y capacidad de negociación entre productores, secaderos e industrias.
La discusión también se vincula con la evolución de los precios de la hoja verde y los costos de producción, en un escenario en el que los productores reclaman condiciones que permitan sostener la rentabilidad de las chacras.
Qué puede pasar con las facultades del INYM
Uno de los principales interrogantes de la sesión es qué consecuencias concretas tendría el rechazo del DNU sobre el funcionamiento del Instituto. Aunque una decisión favorable de Diputados completaría el rechazo parlamentario de la norma, la restitución de las facultades regulatorias no debe darse por automática sin analizar el alcance jurídico de la medida y las disposiciones posteriores que afectaron al organismo.
En ese punto, el Decreto 812/2025 aparece como otro elemento de la discusión. El ministro del Agro de Misiones, Facundo López Sartori, advirtió que la recuperación de las atribuciones del INYM también depende de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo nacional, debido a las restricciones posteriores que, según su planteo, volvieron a limitar las herramientas del Instituto.
Por eso, el debate no se limita a la continuidad o el rechazo de una norma, sino que abre interrogantes sobre el marco regulatorio que quedará vigente y las medidas necesarias para determinar qué atribuciones podrá ejercer el organismo.
Una definición con impacto en la economía yerbatera
La sesión será seguida de cerca por los distintos actores de la cadena yerbatera, en particular por los productores primarios, que consideran al INYM una herramienta para equilibrar las relaciones comerciales dentro de la actividad.
El resultado legislativo permitirá establecer cómo continúa el proceso de rechazo del DNU 70/2023. Sin embargo, la discusión sobre el alcance de las facultades del Instituto y las condiciones de comercialización de la materia prima seguirá dependiendo de la interpretación jurídica de las normas vigentes y de las decisiones que se adopten posteriormente.
La expectativa del sector está puesta en que la discusión parlamentaria permita avanzar sobre uno de los principales puntos de conflicto de los últimos años: el papel del Estado en la regulación de la cadena yerbatera y las herramientas disponibles para los productores en la negociación con la industria.