Un informe del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, presentado el pasado 30 de agosto por el ministro Juan Zabaleta en Villa Lugano, detalló que Misiones tiene registrados 113.540 trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular, y sólo 106.191 personas empleadas asalariadas en el sector privado.
El informe presentado contiene información sobre el Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular (ReNaTEP), y señala que en los últimos 6 meses se registraron 736.670 personas, un 35,2% más de las 2.093.850 personas que habían registradas desde julio de 2020.
El ministro de Desarrollo Social de la Nación, “Juanchi” Zabaleta, presentó junto a algunos de sus funcionarios subalternos un informe respecto del ReNaTEP, en donde se pudo observar características sobre las 2.830.520 personas que se habían inscripto hasta el 11 de agosto, desde que se lanzó el empadronamiento en julio de 2020. Este trabajo también arrojo la sorprendente noticia de que en 7 provincias del país el número de trabajadores/as de la economía popular registradas es mayor que el empleo privado registrado.
El Registro fue creado por una resolución del predecesor de Zabaleta en Desarrollo Social, Daniel Arroyo. El por entonces ministro concedió uno de los pedidos de los representantes del primer sindicato de trabajadores de la economía popular, la UTEP (Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular).
Así, dio cuerpo a la estrategia que llevaría adelante su Ministerio para contener a un gran grupo de trabajadores/as que se consideran “excluidos” del sistema capitalista, por lo general personas de barrios populares que son el último eslabón de la pirámide social. Se caen de la base.
Desde entonces, desde julio de 2020, se han registrado más de 2,8 millones de personas. Dentro de éstas hay una salvedad imposible de obviar. Muchas de ellas (aunque resulta difícil dilucidar qué porcentaje) llegan a este registro de la mano de organizaciones sociales, bajo el manto de las cuáles organizan Unidades Productivas Populares, realizan trabajos “informales”, y tienen acceso al monotributo social y un Salario Social Complementario. Sin embargo, el diseño del ReNaTEP allanó el camino para que personas que no forman parte de estas estructuras puedan acceder por su cuenta al registro y a los beneficios.
Este registro permite comparar cómo se componen las dos formas de empleo privado en Argentina, el empleo formal privado dónde había 6.548.716 personas al 11 de agosto, y el sector de las economías populares inscriptas al ReNaTEP:
De este mismo informe se desprende la realidad de que hay 7 provincias del país donde se repite una realidad cruda. Esta modalidad de empleo “de los márgenes” ha llegado a emplear más personas que la actividad privada formal. Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero revelan esta inefable realidad, de la cual la centralidad de las campañas electorales ha alcanzado con poco eco.
La economía popular
En Argentina, desde 2011 existe una organización de la economía social que se volvió central en el mapa del empleo nacional, la Confederación de Trabajadores/as de la Economía Popular. En los inicios del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de la Nación, y producto de la alta informalidad (de hasta un tercio de la PEA, según quién denunciaba) que se observaba en el mercado de trabajo nacional, un conjunto de organizaciones sociales se agrupaba para encontrar identidad sindical para los sectores postergados a los que representaban.
“A los más pobres se les había robado la identidad de trabajadores/as. Incluso nosotros habíamos caído en esa trampa, organizaciones sociales que se llamaban a sí ‘movimientos de desocupados’” contaba el dirigente del MTE, Juan Grabois, en una charla para militantes. “Como si las compañeras, en sus casas y en sus barrios, desarrollando tareas de cuidado no estuviesen trabajando”, concluyó.
Una vez que CFK autorizó la personería social y no gremial de la CTEP, a la salida de su segundo mandato presidencial, el conjunto de organizaciones continuó motorizando la inclusión de su sector en la agenda de políticas sociales de la Argentina. En la presidencia de Mauricio Macri, el rol de la economía popular se incrementó a partir de la Ley de Emergencia Social (donde se reconoce a estos trabajadores), y la inclusión del Salario Social Complementario como una herramienta de compensación estatal (de medio Salario Mínimo, Vital y Móvil) para completar los ingresos de un trabajador/a que realiza tareas no remuneradas o informales.
Sin embargo, también reflexionaba Grabois, el SSC no constituye un Salario Universal ni la solución a la precariedad de origen de estas actividades productivas, pero sí “forma parte de un proceso de organización político sindical de los excluidos”. Contaba, en su última visita a la tierra colorada, que estas organizaciones (que lograron en 2019 el reconocimiento sindical mediante la UTEP) proponen al Estado un modelo de organización planificada de estas actividades productivas.
Exigen que el debate sobre cómo integrarse ellos al marco de derechos laborales y seguridad social que se garantizan a los asalariados formales es urgente. Y que un camino, el que proponen desde este sector, es que el Estado proponga planificar cómo estas personas caídas del marco del sistema puedan volver a él realizando tareas en sus propios barrios. Colaborando con la educación o la salud de su comunidad en bachilleres populares o brigadas de salud, realizando las tareas de limpieza ciudadana (que hoy ya están haciendo, y funciona como caso testigo), gestionando los cuidados comunitarios para las familias que necesitan un lugar para que sus niños/as estén a resguardo mientras los adultos trabajan.
Es un debate que atraviesa al mundo y que habrá que dar en la tierra colorada, porque los excluidos de hoy han superado a ese “ejército de reserva” del capitalismo que suele ser sostenido en los márgenes para el abaratamiento de la fuerza laboral, incluso en procesos virtuosos de industrialización.
Cartoneras, pescadoras, manteras y puesteras de ferias, vendedores ambulantes, pequeñas agricultoras de los cordones periurbanos de las ciudades. En femenino, porque la pobreza tiene cara de mujer; 2.830.520 personas que subsisten en la mayor de las derivas que ofrece la vida moderna.