La empresa que habría sido contratada por el gobierno nacional para auditar pensiones no contributivas en la provincia enfrenta denuncias por irregularidades, agresiones a la prensa y suspensión de operativos.
Las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Misiones derivaron en un fuerte escándalo institucional, con denuncias por desorganización, maltrato a personas con discapacidad e incluso agresiones a autoridades locales y periodistas. El epicentro del conflicto se dio en las localidades de San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo, donde los controles fueron ejecutados por personal que, según fuentes, podría haber sido contratado por MEDICSYS S.A., empresa privada que habría tercerizado el procedimiento para la ANSES.
Cinco personas fueron demoradas tras agredir al periodista Enrique Ortiz, corresponsal de Crónica TV, durante la cobertura de las auditorías en 25 de Mayo. Los demorados —identificados como Luciano Mangone (Mar del Plata), Andrés Báez (Mar del Plata), Caín Iokich (La Plata), Guadalupe Luján Guanes Texeira (Posadas) y Laura Báez (Mar del Plata)— recuperaron la libertad, aunque Báez quedó notificada por un expediente por amenazas y lesiones leves. Los hechos fueron registrados en videos que se viralizaron en redes sociales, mostrando discusiones con autoridades locales, incluyendo al intendente de Aurora, Cali Goring.
La controversia se profundiza al conocerse que la empresa que podría haber estado a cargo, MEDICSYS S.A., constituida en agosto de 2024, se presenta oficialmente como prestadora de “servicios de gerenciamiento de empresas e instituciones de salud, auditorías, medicina legal y asesoramiento farmacéutico”. Su objeto social incluye la contratación de personal para auditorías y servicios médicos en todo el país, con capital social de 30 millones de pesos y sede en CABA. Según el Boletín Oficial, los socios son Darío Alberto Tagliavini y Carlos Patricio Cilibrizzi, quienes conforman el directorio de la socieda.
Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza en Misiones y diputado provincial electo, admitió que el conflicto surgió por la decisión de tercerizar las auditorías. “Fue un desastre, no conocían la idiosincrasia local, no tenían la infraestructura ni la organización que requería la auditoría”, declaró. Núñez explicó que los problemas se concentraron en municipios sin prestadores médicos del PAMI, como 25 de Mayo y San Pedro, mientras que en Posadas, Oberá, Alem, Iguazú y Eldorado los operativos se realizaron sin inconvenientes.
La empresa que podría haber contratado el personal, según Núñez, utilizó trabajadores provenientes de Mar del Plata, Posadas y La Plata, cuyo rol específico y remuneración aún no se conoce. Beneficiarios y autoridades locales denunciaron irregularidades, incluyendo certificados rechazados por ANSES, lo que dejó a cientos de pensionados en situación de incertidumbre.
Por otro lado, Misiones OnLine consultó a Alejandro Carrancio, vicepresidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y diputado bonaerense, quien señaló que los ciudadanos provenientes de Mar del Plata que llegaron a Misiones para realizar las auditorías “nadie los conoce”, poniendo en duda la idoneidad y el vínculo de estas personas con la provincia y con los operativos de control.
Tras la suspensión temporal de los operativos, las auditorías se reanudarán bajo la conducción de la Unidad de Gestión Local (UGL) de PAMI en Misiones, garantizando infraestructura, médicos y especialistas locales.
“Se trata de asegurar que cada persona con discapacidad reciba un trato digno y un procedimiento correcto”, enfatizó Núñez.
El escándalo se produce en un contexto de denuncias por irregularidades en auditorías anteriores de la ANDIS en distintas provincias, donde se reportaron bajas de subsidios sin notificación previa y condiciones deficientes en la realización de los controles.