En una decisión con alto impacto político y parlamentario, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar interina que restableció provisoriamente las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros, suspendiendo los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023. El fallo no solo frena temporalmente la adquisición de campos por parte de capitales internacionales, sino que otorga un vital salvavidas político al gobierno de La Libertad Avanza al neutralizar el quórum que bloques aliados como el PRO y la UCR preveían dar junto a la oposición para derogar la medida, permitiendo al oficialismo reordenar sus filas y enfocar sus esfuerzos legislativos en la eliminación de las PASO.
El Máximo Tribunal de la Nación le otorgó una importante salida política al Poder Ejecutivo al reponer, de forma provisoria, las restricciones a la venta de campos y tierras rurales a ciudadanos e inversores extranjeros. La resolución judicial interviene de manera directa sobre el tablero político en un momento crucial, reduciendo la presión sobre La Libertad Avanza justo antes de la sesión convocada por la oposición en la Cámara de Diputados para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el Presidente Javier Milei.
El punto neurálgico del conflicto residía en el artículo 154 del mencionado DNU, norma que había derogado completamente la Ley de Tierras y dejado sin efecto los límites específicos fijados para la compra de bienes inmuebles rurales por parte de extranjeros. Esta medida desató profundas diferencias internas con sectores clave de la oposición dialoguista —tales como el PRO, la Unión Cívica Radical y otros bloques provinciales—, los cuales acompañan habitualmente las iniciativas del oficialismo pero mostraban un marcado rechazo al fin de la regulación sobre el suelo nacional. Ante este panorama, dichos bloques estaban dispuestos a bajar al recinto la semana próxima para dar quórum y votar junto a la oposición la restitución de los límites a la adquisición de tierras.
Consciente del peligro de una nueva derrota parlamentaria, la conducción del bloque oficialista y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, preparaban una estrategia defensiva consistente en ceder y avanzar con un proyecto alternativo que reimpusiera ciertos topes. Sin embargo, la intervención de la Corte simplificó el trabajo político del oficialismo: a través de una medida cautelar interina, el tribunal suspendió los efectos del artículo 154 y repuso preventivamente la vigencia de la Ley de Tierras. Si bien la resolución no aborda el fondo sobre la constitucionalidad de la derogación, su efecto desmovilizó el acuerdo de la oposición con los aliados y otorgó aire fresco al Gobierno.
Esta resolución le permite al Ejecutivo evitar quedar empantanado en controversias secundarias —tal como ocurre también con las negociaciones vinculadas a la temática de discapacidad donde se han mostrado dispuestos a conceder— para abocarse de lleno a su meta prioritaria: avanzar en la Cámara Baja con la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La votación en el Máximo Tribunal y las lecturas políticas
La medida cautelar se resolvió por una mayoría de cuatro votos contra uno. Apoyaron la suspensión provisoria el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci; mientras que Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Tras dictar la cautelar, la causa fue remitida al Juzgado Federal de Bariloche para continuar su tramitación ordinaria.
En su voto minoritario, Rosenkrantz diferenció la legitimación de la asociación ambiental demandante de la postura del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (CECIM), sosteniendo que la Corte no contaba con las facultades procesales habilitadas para dictar una medida de protección, ni siquiera con carácter transitorio. Su propuesta era enviar las actuaciones al juzgado de origen sin establecer frenos cautelares, posición que en la práctica habría mantenido plenamente vigente la desregulación para la venta de inmuebles rurales a extranjeros mientras durara el litigio.
Por otro lado, la integración del cuerpo dejó una señal de relevancia judicial y política. La inclusión en la votación del conjuez Pérez Curci, identificado en el ámbito del derecho como discípulo de Carlos Mahiques (juez de la Cámara Federal de Casación Penal), fue leída en los pasillos de Tribunales y del Congreso como una muestra de la influencia y el peso del camarista en las decisiones clave del Poder Judicial. Con esta confluencia, la resolución judicial no solo repuso una norma de protección territorial, sino que obró como un engranaje estratégico que despejó las turbulencias entre la Casa Rosada y sus aliados políticos