En un escenario de máxima tensión marcado por la cuarta Marcha Federal Universitaria y un deterioro presupuestario sin precedentes, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario se encuentra actualmente paralizada en el ámbito judicial. Mientras el Gobierno de Javier Milei sostiene la suspensión y aplica recortes transversales bajo la premisa del equilibrio fiscal, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) busca una ejecución inmediata de los fondos a través de medidas cautelares, dejando el destino de la educación superior en manos de una Corte Suprema que no muestra señales de urgencia.
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Este martes, la Plaza de Mayo fue el epicentro de una nueva movilización masiva impulsada por docentes, estudiantes y rectores para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta ocurre en un contexto crítico: solo en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA renunciaron 438 docentes entre 2024 y 2026, mientras que los salarios de mayor jerarquía apenas superan la canasta básica. Ante este panorama, la disputa se ha trasladado a los tribunales, donde el Gobierno y las universidades mantienen una pulseada legal con dos vías activas.