El Senado se prepara para sesionar y aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, además de un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. Sin embargo, la atención se centra en la interna oficialista por el pliego judicial de María Verónica Michelli, lo que evidencia una falta de estrategia clara para responder a las críticas.
Después de horas convulsionadas para el oficialismo senatorial, con columnas de humo a la vista, el pleno de la Cámara alta sesionará desde las 11. El objetivo es aprobar la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y un acuerdo con dos holdouts por USD 171 millones. No obstante, la atención no se centrará ahí tras el show de la jefa libertaria Patricia Bullrich, en contra de los deseos de Javier Milei, y una extensa reunión de bloque que dejó una preocupación para nada menor: ¿quién defenderá en las próximas horas al primer mandatario?
El convite de La Libertad Avanza blanqueó una situación aún más venenosa para la Casa Rosada. Los legisladores que salieron a “bancar” a Bullrich, en relación con un pliego judicial que el Ejecutivo envió y luego solicitó retirar, comandan las comisiones más importantes del Senado. Esto ocurrió frente a un dictamen con firmas hace largos días, que apareció recién horas atrás, de manera formal.
Desde un despacho libertario, se escuchó anoche: “Si mañana se inicia la sesión y alguien pide una cuestión de privilegio en contra del Presidente por la candidata de la discordia, María Verónica Michelli, se convertiría en un asunto serio para nosotros. ¿Y Bullrich va a aparecer, después de todo el lío que armó? La situación podría haberse dado igual, con contención. Con las opiniones divididas que escuché en la reunión de bloque, si la postura ahora es jugar libre según el tema, vamos a tener un problema institucional grave y, en el fondo, se dañaría al Gobierno. Una locura”.
Para recordar, la Casa Rosada eligió de una terna enviada por el Consejo de la Magistratura y validó a Michelli con el traslado de su pliego. Ella pasó sin fisuras la audiencia pública de la comisión de Acuerdos, que maneja Juan Carlos Pagotto. El riojano fue quien pisó el despacho de la postulante, que ya contaba con las rúbricas necesarias para ser de mayoría. Esto resultó antirreglamentario y un papelón. Aún más curioso, el “amigo” de todo el Senado se referencia en la dupla de los Menem y Karina Milei. No obstante, en la cumbre de la bancada de este miércoles, pinceló la postura más descremada entre quienes quedaron del lado del primer mandatario. “Hizo zigzag”, opinó un participante.
Apoyos divididos
Vamos ahora a los que abrazaron a Bullrich. Dos son fueguinos: Agustín Coto y María Belén Monte de Oca. El primero, a quien sus compañeros ya acusan de hablar bien y mal de todos ellos según dónde se lo escuche platicar, no solo lidera la comisión de Asuntos Constitucionales, sino que tiene una butaca privilegiada en la bicameral de inteligencia, la única con presupuesto reservado.
Por otra parte, la segunda preside la bicameral que revisa los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Sorprendió el titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Gonzalo Guzmán Coraita (Salta). No así el usual saltarín Luis Juez (Córdoba). Del lado de Milei aparecieron Nadia Márquez (Neuquén), el ex jefe de bloque Ezequiel Atauche (Jujuy), Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos) y, algo más tibio, el porteño Agustín Monteverde, de quien se pensaba dependiente de Bullrich. Bajo este clima de concordia y unión, La Libertad Avanza se apresta a votar leyes importantes.
La libertaria Nadia Márquez defendió a Milei y se diferenció de la tropa que apoyó a Patricia Bullrich.
Fondos buitre y propiedad privada
El convenio estipula que Bainbridge Ltd. y el grupo Attestor Value Master Fund LP aceptarán una quita superior al 30% sobre las sumas reclamadas en sentencias firmes dictadas bajo jurisdicción estadounidense. Según el texto, el Estado argentino cancelará los pasivos litigiosos con un pago de USD 67 millones al primero y USD 104 millones al segundo.
Además, el mecanismo adoptado responde al formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP). Los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos y los acreedores asumirán los costos legales creados por el litigio. También incluye una cláusula de “standstill” que impide a los acreedores nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
Desde la oposición “friendly” le desplumaron el texto a Bullrich, quien se quedó sin herramientas ni ideas, ante una Casa Rosada a la que ya no le resulta extraña esta mecánica de concesiones. Desapareció el capítulo entero sobre el RENABAP (barrios populares), se alivió un inicial delirio para desalojos exprés, se incorporaron cambios en el área de expropiaciones y se le dio más poder a gobernadores sobre tierras rurales. También vuelan prohibiciones, de décadas en la actualidad, que impuso Máximo Kirchner en la ley de manejo de Fuego, sancionada durante la gestión de su estimado “compañero” Alberto Fernández.