La defensa de la institución sostuvo que el estudio se realizó sobre una copia certificada y no sobre el instrumento original, lo que invalidó las conclusiones técnicas.
El escrito judicial detalló que la perito oficial, Liliana Beatriz Quintana, trabajó sobre el denominado «Anexo 13», un documento que la AFA considera una simple reproducción. Según el planteo de la entidad, esta metodología impidió determinar la integridad física del soporte o la antigüedad real de las tintas utilizadas en el contrato de 2021.
Para fundamentar el reclamo, la defensa citó el manual de procedimientos de la Policía Federal, el cual establece que el uso de fotocopias para peritajes caligráficos viola las reglas del arte y los estándares universales, ya que impide detectar si el documento fue manipulado o si se trata de una reproducción adulterada.