A través de una encuesta realizada a 70 familias venezolanas que residen en Misiones y parte de Corrientes, se constató que un 37,93% de la población mayor de 38 años permanece desempleada, un 44,82% debió iniciar su propio emprendimiento para poder paliar la crisis y sostener a su familia y un 17,25% obtuvo un empleo en relación de dependencia.

En cuanto a la situación económica y laboral de estas familias, un 25% no posee ingresos, un 27% tiene sólo un miembro de la familia laboralmente activo, un 11% tiene emprendimientos paralizados o incipientes, un 5% cuenta con emprendimientos activos y un 30% permanece desempleado. Los datos corresponden a una encuesta realizada por Arepa Viva- Organización de Asistencia para Migrantes y Refugiados y la Congregación San Pedro Pastoral para Migrantes y Refugiados Venezolanos en Misiones.

Juan Manuel Herrera, es un migrante venezolano de 57 años. Hace dos años salió de Venezuela con su esposa e hijos. Es ingeniero mecánico con amplia experiencia en su país de origen por lo que calculó que no sería tan difícil conseguir un trabajo que le permitiera vivir dignamente.

Llegó a Buenos Aires, pero la realidad era más difícil de lo que parecía, no consiguió un trabajo estable, hizo diferentes tipos de changas que le permitieron sobrevivir, pero al llegar la pandemia agravó lo que ya era una crisis

.En Argentina hay una solapada discriminación laboral, las personas mayores de 40 años tienen dificultades para conseguir empleo, Juan no ha sido la excepción. Ahora Juan está en Garupá, necesita conseguir un trabajo, un lugar, una vida más tranquila.

Principales mitos discriminatorios hacia migrantes

Un informe realizado por el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) aborda la situación de los migrantes y la discriminación que sufren en diferentes espacios. En este caso, revisamos algunos de los mitos discriminatorios aún vigentes en ámbitos laborales.

“Las personas inmigrantes les roban el trabajo a las argentinas”

Conforme las prerrogativas de la Ley N.° 25.871 (Ley de Migraciones), las personas migrantes residentes en la República Argentina tienen derecho a trabajar en las mismas condiciones que las nacionales. Durante las últimas décadas del siglo XX, se dio en la Argentina un proceso de desmoronamiento del Estado Benefactor y, a su vez, la emergencia del Estado Neoliberal que supuso el fin del pleno empleo por una nueva disposición del trabajo.

Este reordenamiento se plasmó en la reducción de las condiciones laborales y los derechos de los/as trabajadores/ as, surgiendo categorías tales como la flexibilización y la precarización laboral. En este marco, la reducción del trabajo, la incertidumbre laboral y la competencia excesiva han generado la lógica del “sálvese quien pueda”, depositando la responsabilidad en el otro: el/la otro/a trabajador/a, que se transforma en competidor/a enemigo/a.

Esta situación se refuerza con los/as inmigrantes, categorizados, de manera xenófoba, como los/as culpables del desempleo de la población nacional. En consonancia con lo antedicho, es necesario remarcar que las personas inmigrantes, por lo general, realizan trabajos que las nacionales no están dispuestas a hacer, ya sea por estar socialmente desacreditados o por cuestiones de mayor nivel educativo o bienestar general.

En otro orden de cosas, la situación irregular en la que muchas personas inmigrantes se encuentran se utiliza de manera lucrativa generando un mercado de explotación, trabajo forzado y condiciones precarias de trabajo, no siendo reconocidos los derechos esenciales de estos colectivos para trabajar dignamente.

“Las personas inmigrantes imposibilitan los accesos a los servicios públicos de las nacionales”

Toda persona migrante tiene los mismos derechos que las nacionales en cuanto al acceso a la educación, salud y seguridad social, independientemente de su condición migratoria. Estos derechos son fundamentales, es decir, se les aplican todos los principios de los derechos humanos, lo que incluye su inalienabilidad.

La reducción del accionar estatal y las privatizaciones sufridas durante los años del neoliberalismo provocaron serias fisuras en las estructuras de salud, educación y seguridad social, afectando a toda la población, sin distinción de su nacionalidad, en su acceso a derechos básicos, y perjudicando mayoritariamente a sectores más vulnerables; tal es el caso de los y las migrantes, especialmente quienes se encuentran en situación de pobreza.
Estas personas muchas veces son excluidas y les son denegados el acceso al sistema de salud y de educación y el acceso a la seguridad social, en general, por no poseer el Documento Nacional de Identidad o encontrarse en situación irregular.

“Los y las inmigrantes son delincuentes. Son culpables de la inseguridad”

La determinación de la inmigración como “ilegal” y su asimilación con todo tipo de delincuencia se observa en frases tales como “los peruanos son narcotraficantes”, “los coreanos son explotadores”, “los chinos son mafiosos”, etc.

La idea de englobar a todas las personas pertenecientes a una misma nacionalidad o etnia bajo caracterizaciones generalizantes produce enormes complicaciones para el análisis y el reconocimiento de la libertad de las personas en su especificidad como individuos independientes

La concepción de inseguridad, atribuida a las personas migrantes como culpables de los males de la sociedad, se encuentra en clave con la idea antes mencionada del paradigma del neoliberalismo que impuso la dicotomía yo-otro desde una lógica de amigo enemigo.

“Las personas inmigrantes no pagan impuestos”

Los y las inmigrantes en situación irregular pagan impuestos de muchas formas, directas o indirectas. A modo de ejemplo, el impuesto al valor agregado (IVA) es uno de los impuestos de mayor recaudación y se paga cada vez que se produce una compra, sea la persona que consume nacional o extranjera.

Ley de Migraciones N.° 25.871

Sancionada: 17 de diciembre de 2003. Promulgada: 20 de enero de 2004. Reglamentada: 6 de mayo de 2010.

¿A quiénes se considera migrantes?

La Ley de Migraciones considera migrantes a todas las personas que deseen ingresar, transitar, residir o establecerse definitiva, temprana o transitoriamente en el país.

¿Cuáles son los derechos de las personas migrantes?

Las personas migrantes gozan, en las mismas condiciones que las nacionales, de igualdad de trato y acceso igualitario a derechos. Estos derechos son: servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social.

FUENTE: MISIONES OPINA