La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina concluyó que el presidente Javier Milei no incurrió en delito alguno al promocionar la criptomoneda Libra en sus redes sociales. Tras una investigación de tres meses, el organismo dependiente del Ministerio de Justicia determinó que Milei no violó la Ley de Ética Pública, ya que la publicación se realizó desde su cuenta personal de X (ex Twitter) y no en ejercicio formal de su rol como funcionario público.
La investigación se inició el 20 de febrero a pedido de la Casa Rosada, días después de que Milei compartiera en su cuenta de X un posteo sobre la criptomoneda, cuyo precio se disparó y luego colapsó, generando denuncias por estafa de numerosos inversores. El expediente fue enviado a la Fiscalía Federal N°3, a cargo del fiscal Eduardo Taiano, quien continúa con la investigación penal sobre el posible fraude económico.
En su informe, la OA señaló que no halló vínculos patrimoniales entre Milei, su hermana Karina o el vocero presidencial Manuel Adorni con los impulsores del proyecto cripto. En particular, no se detectaron relaciones con el empresario estadounidense Hayden Davis, ni con los argentinos Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy. Sin embargo, la OA no registró el antecedente de que Milei ofrecía clases sobre criptomonedas en NW Professionals, una academia de trading cuyo dueño es justamente Novelli. Este vínculo previo no fue considerado relevante por la Oficina Anticorrupción.
La criptomoneda Libra, lanzada el 14 de febrero de 2025 como parte del proyecto «Viva la Libertad», experimentó una subida exponencial en su cotización tras la promoción de Milei, pasando de 0,000001 a 5,20 dólares en pocos minutos. Sin embargo, el valor se desplomó rápidamente, generando pérdidas millonarias para los inversores. La OA descartó que existiera un registro oficial del «Viva la libertad project», nombre con el que se promocionaba la idea de fondear pymes argentinas mediante la compra de Libra.
A pesar de la resolución de la OA, el escándalo por la criptomoneda Libra sigue generando repercusiones políticas y judiciales en Argentina. La Fiscalía Federal N°3 continúa con la investigación penal sobre el posible fraude económico, mientras que la oposición política mantiene sus críticas al presidente y exige explicaciones sobre su vinculación con el proyecto cripto.
Fuente: TN