A pesar de que frenaron la producción el 14 de marzo y que están a punto de quedarse sin stock, el Gobierno sigue manteniendo el cepo sanitario y productivo para los principales fabricantes de cigarrillos del país.
Un escenario que se repite en otras industrias. Un sector totalmente paralizado, con todas sus fábricas cerradas sin producción, sin empaquetado, distribución ni venta. Y a las que ya no les queda stock, ya que el tabaco es un producto que se empaqueta y distribuye de inmediato.
Sin embargo, hasta ahora no existen posibilidades de que empresas como Massalin o la ex Nobleza Piccardo retomen sus actividades. Ni siquiera luego de una carta que la Cámara empresaria del sector envió a las autoridades solicitando ser incluidas en las actividades consideradas exceptuadas de los decretos que establecieron la cuarentena social obligatoria, ahora extendida hasta el próximo 26 de abril.
Hasta la primera etapa del aislamiento, que finalizó a principios de abril, venían sosteniendo su negocio con la distribución de mercadería que había stockeada. Pero a partir de la extensión de la medida, la preocupación es creciente porque en breve no habrá más cigarrillos para entregar a la cadena de comercialización.
Hubo negociaciones con el Ministerio de Desarrollo Productivo a cargo de Matías Kulfas que tampoco dieron sus frutos, por lo cual las empresas ahora se encolumnan detrás de las provincias productoras de tabaco para encarar un lobby común que les permita retomar la actividad.
Desde la Cámara de la Industrial de Tabaco, tanto British American Tobacco (BAT) como Philips Morris Argentina (PMA), ya solicitaron a las autoridades nacionales que permitan la reanudación de la actividad, manteniendo todos los recaudos necesarios para preservar la salud de todos los trabajadores, de acuerdo a los lineamientos definidos por la emergencia sanitaria.
No se trata de un dato menor si se tiene en cuenta que, más allá de no ser un sector esencial, la industria tabacalera es de las más dinámicas de la economía. Por caso, el año pasado se vendieron 1.658 millones de atados de 20 unidades, por $135.101 millones, según datos del Ministerio de Agroindustria.
También porque es un sector importante para las cuentas públicas si se tiene en cuenta que más del 80% del precio por atado corresponde a impuestos cuya recaudación va a parar a las arcas de la AFIP.
En tal contexto, las empresas están manejando una operatoria de contingencia, restrictiva, con la mínima cantidad de personal necesario y maximizando todas las medidas de seguridad e higiene tanto para preservar la salud de nuestros colaboradores y como para garantizar la calidad de los productos. También asegurando el pago salarial del personal al 100%, a diferencia de otros sectores que al contar con ingresos redujeron los sueldos en hasta un 50%.
El escenario se repite también en las fabricantes más pequeñas como el caso de Tabacalera Sarandí, ubicada en la localidad bonaerense de Avellaneda y que tiene su planta cerrada con sus 300 operarios sin trabajar pero cobrando la totalidad de sus salarios.
Al igual que las productoras grandes, entre las tabacaleras pymes la situación sería insostenible para una industria que en total da trabajo a más de 200.000 familias y casi a otro millón de manera indirecta.
Es más, estiman que la caída de las ventas abre un fuerte agujero fiscal y recuerdan que sólo en el 2019, el sector aportó más de $100.000 millones en concepto de tributos como los de Adicional de Emergencia, Fondo Especial del Tabaco, Impuestos Internos, IVA e Ingresos Brutos.
Advierten además que cada día en que los cigarrillos no salen de las fábricas industriales, dejan de ingresar $700 millones en impuestos a las arcas de la AFIP. Otros $2 millones dejan de ser percibidos por las obras sociales sindicales y $610 millones dejan de ingresar en concepto de impuestos nacionales, coparticipación provincial y seguridad social.
Por caso, desde Massalin aseguran estar garantizando los puestos de trabajo y los salarios pero reconocen que acaban de sacar de fábrica lo último que les queda de stock.
En ese marco, la empresa analiza solicitar la ayuda financiera que el Gobierno prometió para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia en casi el 90% de la economía nacional. «Estamos con un problema serio de stocks «, agregan desde MPA.
Tanto los reclamos de las fabricantes internacionales como el de las empresas nacionales fueron resumidos en una carta que la industria tabacalera le envió a varios ministros del Gobierno nacional para dar a conocer la grave situación del sector.
En la nota, firmada por el presidente de la Cámara de la Industria del Tabaco, Matias O’Farrell, de MPA; y por su vicepresidente, Jorge Cabrera, de BAT, se pide a las autoridades que se dispongan mecanismos necesarios para que las fábricas industriales de cigarrillos reanuden su producción de inmediato, siempre manteniendo las debidas medidas de protección de la salud.
Fuente: iProfesional