En una contundente señal de alerta, más de 85 reconocidos constitucionalistas, académicos y especialistas en derecho ambiental han enviado una carta al Congreso de la Nación para expresar su rechazo rotundo a la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno. El documento, firmado por figuras como Daniel Sabsay, Roberto Gargarella y Andrés Gil Domínguez, califica la iniciativa como inconstitucional, regresiva y una amenaza directa al derecho a un ambiente sano para todos los argentinos.
Un piso de protección constitucional que se desmorona
El núcleo del argumento de los expertos reside en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Este artículo establece que el Congreso debe dictar normas de «presupuestos mínimos de protección ambiental» que rijan en todo el territorio. Las provincias, a su vez, pueden complementar estas leyes con normativas más estrictas, pero jamás pueden perforar ese piso de protección común. La reforma propuesta, según los firmantes, hace exactamente eso: subvierte el sistema.
El proyecto habilita a cada provincia a definir qué glaciares y ambientes periglaciales proteger, basándose en criterios propios. Esta discrecionalidad, advierten, es una puerta abierta a la desprotección. «La reforma de la Ley de Glaciares no constituye una mera modificación, sino que subvierte por completo el sistema vigente. Su redacción desmantela la esencia de las Leyes de Presupuestos Mínimos», explican en la carta. Al romper con un criterio nacional unificado, se pone en riesgo no solo las fuentes de agua locales, sino también las de las provincias ubicadas cuenca abajo, que dependen del mismo sistema hídrico.