El oficialismo busca conseguir dictamen para el proyecto que establece nuevas sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales en las islas y crea un Consejo de Seguridad Nacional. El plenario de comisiones fue convocado para el martes 27 de octubre, mientras el calendario legislativo limita las posibilidades de llevar la iniciativa al recinto.
El Gobierno nacional mantuvo un encuentro con diputados de diferentes espacios políticos para avanzar en las negociaciones por el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional de las Islas Malvinas. La iniciativa forma parte de la agenda legislativa del oficialismo, que busca reunir los respaldos necesarios para obtener dictamen y continuar con su tratamiento en la Cámara de Diputados.
De la reunión participaron el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; y legisladores nacionales de distintos bloques, entre ellos representantes del PRO, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y del Partido Justicialista (PJ).
El próximo paso está previsto para el martes 27 de octubre a las 16, cuando se reúna el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. En esa instancia, el oficialismo intentará conseguir un dictamen favorable que permita llevar el proyecto al recinto.
El tratamiento había quedado postergado luego de que no se alcanzaran los acuerdos necesarios para avanzar en la instancia parlamentaria anterior. Por eso, el encuentro con diputados de diferentes espacios busca destrabar las negociaciones y acercar posiciones sobre el texto.
Tras la reunión, Ravier expresó en sus redes sociales que el Gobierno espera obtener dictamen durante la semana próxima para que la iniciativa llegue al recinto lo antes posible. También sostuvo que la ley es una herramienta fundamental para ejercer presión en defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas.
El funcionario señaló, además, que el proyecto es una prioridad para la administración nacional y vinculó su impulso con la posición histórica de la Argentina sobre la soberanía del archipiélago.
Uno de los principales obstáculos para el avance del proyecto es el calendario parlamentario. Aunque el oficialismo busca conseguir dictamen el martes 27 de octubre, todavía debe resolver cuándo podría debatirse la iniciativa en el recinto.
El miércoles 28 aparece como una posibilidad inmediata, aunque el tiempo disponible para organizar el tratamiento es limitado. Si el proyecto no logra avanzar en esa fecha, noviembre presenta dificultades por la acumulación de temas previstos en el Congreso, especialmente la discusión del Presupuesto.
A esto se suman los feriados previstos por la visita del papa León XIV y las elecciones de medio término en Estados Unidos, factores que complican la organización de las sesiones y las actividades legislativas.
Por el momento, la prioridad del Gobierno es conseguir el respaldo necesario en las comisiones y definir los pasos siguientes para que el proyecto pueda continuar su recorrido parlamentario.
Qué establece el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional
La iniciativa propone modificar el marco legal vigente para ampliar las sanciones vinculadas con la explotación no autorizada de recursos naturales en las Islas Malvinas y los espacios marítimos e insulares circundantes.
Uno de los principales cambios consiste en reemplazar la Ley 26.659 y extender las prohibiciones más allá de la actividad hidrocarburífera. El proyecto contempla también otros aprovechamientos no autorizados de recursos naturales renovables y no renovables.
El texto propone endurecer las penas para quienes exploten o colaboren con la explotación de recursos naturales en las áreas alcanzadas por la iniciativa. Las condenas podrían llegar hasta los 20 años de prisión.
Además, prevé inhabilitaciones para operar en la Argentina y la creación de un registro público de infractores. Tanto el Estado como los particulares tendrían prohibido contratar con las personas y entidades incluidas en ese registro.
La propuesta también incorpora la posibilidad de realizar juicios en ausencia para los delitos contemplados en la nueva normativa.
Otro de los ejes centrales es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente de la Nación e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y la Secretaría Legal y Técnica.
El organismo tendría a su cargo la coordinación estratégica de las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Ante una amenaza grave e inminente, el Consejo podría disponer medidas urgentes, entre ellas restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloqueos temporales de fondos y activos, suspensión de autorizaciones o contrataciones, limitaciones a importaciones y exportaciones y aumentos temporales de derechos aduaneros.
El proyecto también contempla mecanismos de actuación frente a aeronaves y buques considerados hostiles. Entre las facultades previstas se encuentran el derribo de aeronaves y el hundimiento de embarcaciones como último recurso, una vez agotadas las instancias anteriores del protocolo de actuación.
La iniciativa, además, propone prohibir los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales.
En materia penal, incorpora delitos vinculados con la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia y la realización de acciones financiadas desde el exterior para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
También incluye conductas relacionadas con la promoción o financiación de actos de violencia y sabotaje.
La propuesta redefine las funciones de la Defensa Nacional para permitir su intervención en materia de seguridad interna ante amenazas externas, tanto estatales como no estatales.
Por otra parte, incorpora a la legislación el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Esto habilitaría la inmovilización de bienes y la prohibición de operaciones económicas o financieras con personas y entidades inscriptas por su vinculación con el terrorismo o su financiamiento.
Con las negociaciones en marcha, el Gobierno busca reunir los apoyos parlamentarios que le permitan avanzar con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. La reunión con diputados de distintos bloques forma parte de esa estrategia, en un contexto en el que los tiempos disponibles para tratar la iniciativa son acotados.
El resultado del plenario del 27 de octubre será determinante para establecer si el proyecto consigue dictamen y queda en condiciones de avanzar hacia el recinto. Su aprobación, sin embargo, todavía depende de los acuerdos políticos y del desarrollo del trámite legislativo