Un conjunto de organizaciones que representan a consumidores de servicios de telecomunicaciones (TICs) firmaron junto a legisladores y dirigentes sociales una solicitada, de rechazo al aumento de tarifas dispuesto por las empresas proveedoras.
La declaración, con el título «Los usuarios y Usuarias de servicios TICs esenciales queremos justicia ante la voracidad empresarial«, denunció los aumentos de 8% en mayo y 7% en junio (hasta acumular un 30% de incremento en el año) y señaló que las compañías «desconocen» el DNU 690/2020.
Ese decreto declaró como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia» a las actividades de telefonía celular y fija, internet y TV paga, y estableció que los incrementos de tarifas debían ser autorizados por el Estado.
El 1° de mayo la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de una medida cautelar solicitada por la empresa Telecom Argentina S.A, suspendió la aplicación de los artículos 1 al 6 del DNU 690 por el plazo de seis meses, y reestableció la potestad de la empresa de fijar sus precios sin pasar por la aprobación del Estado.
El Ente Nacional de Telecomunicaciones (Enacom) condenó luego el fallo, en un comunicado, y anunció la presentación de un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia.