El presidente de Perú, Pedro Castillo, un exdirigente sindical del magisterio, tendrá que lidiar en 2022, entre otros problemas, con una aparente ofensiva contra la elogiada reforma universitaria y el impacto de la pandemia en la educación escolar, según coinciden los expertos.
Y lo más probable, señalan esos analistas, es que deba enfrentar los desafíos sin su ministro de Educación actual, Carlos Gallardo, pues difícilmente sobrevivirá a una moción de censura en el Congreso, motivada en supuestas posiciones de extrema izquierda y agravada por denuncias de comercialización de unos exámenes para profesores.
Aunque el experto Paul Neira afirma que el ministro «no tiene planes claros, programas declarados o planificaciones desarrolladas», en círculos políticos se considera que se trata de un alfil especial para Castillo por la cercanía personal entre ambos, desarrollada en las luchas sindicales.
La moción se votará el miércoles y la correlación de fuerzas hace viable que Gallardo sea el primer ministro de Castillo censurado, a menos que el mandatario lo cambie antes, como hizo con sendos titulares de Relaciones Exteriores, Trabajo, Interior y Defensa a los que sustituyó cuando la destitución era inminente.
La oposición de derecha, aliada en este caso con bancadas de centroderecha, apuntó desde el comienzo contra el titular de Educación, con el argumento de que tiene afinidad ideológica con maestros percibidos como extremistas.
A eso se sumó que esta semana apareció en los medios un supuesto testigo que afirma que la parlamentaria oficialista Lucinda Vásquez y una hija del ministro, Inés, orquestaron la obtención de cuestionarios de un examen para profesores, con el fin de venderlos a quienes debían rendir esa prueba.
Las denuncias salpicaron al ministro, quien niega cualquier acto doloso. La jefa del gabinete ministerial, Mirtha Vásquez, admitió que la acusación es «gravísima» y dijo que, si se comprueba, el funcionario «se tiene que ir».
Los problemas en el sector en que supuestamente es fuerte Castillo coinciden con una aparente ofensiva parlamentaria contra una de las instituciones estatales más queridas por la opinión pública peruana, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).
«Esto es una amenaza no solo para la Sunedu, sino para toda la reforma universitaria», advirtió el superintendente, Oswaldo Zegarra, respecto a dos proyectos de la Comisión de Educación del Congreso que ya han llevado a las calles a estudiantes para oponerse a «el regreso a la estafa».
Las pugnas entre la derecha «dura» y el oficialismo se diluyeron para aprobar dos proyectos: uno modifica el mando en la Sunedu con la inclusión de dos representantes de las universidades públicas y uno de las privadas, y otro exige una «segunda oportunidad» para casas de altos estudios a las que se les negó la licencia por falta de calidad.
«Eso significa un retroceso», señaló Zegarra, en medio de denuncias de que varios partidos de diferentes tendencias son influenciados por empresarios de la educación que se han visto afectados por falta de licencias o han tenido que ajustar sus estándares.
Educación superior
Hasta 2014, la educación superior en Perú era considerada un caos, pues, al amparo de la liberalización impulsada por el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), proliferaban universidades de muy baja calidad. Las licencias entonces eran entregadas por los mismos funcionarios de universidades, como jueces y parte.
En el Gobierno de Ollanta Humala se creó la Sunedu, que empezó a revisar a cada institución, una por una. Así, se les ratificó la licencia a 95 universidades, pero a 51, entre públicas y privadas, se les negó. A los cerca de 150.000 estudiantes afectados se les crearon condiciones para que pudieran continuar estudios en otras instituciones.
Desde el primer momento, los empresarios de la educación han presionado contra la Superintendencia, lo que en gran parte canalizan a través de partidos.
La prensa ha publicado largas listas de políticos ligados en forma directa o indirecta al sector, las que incluyen a líderes como César Acuña y José Luna Gálvez, ambos dueños de universidades.
El efecto de la pandemia en la educación
En el campo escolar, entretanto, los expertos advierten que la tardanza para retomar la presencialidad, tras el corte obligado por la pandemia de coronavirus desde marzo de 2020, causará un daño difícil de revertir.
Según Unicef, hasta finalizar el actual año escolar, solo un 12% de estudiantes peruanos regresó a las aulas, mientras ya lo habían hecho un 94% de los argentinos, un 73 % de los bolivianos, un 71% de los colombianos o un 52% de los chilenos.
Detrás de esa tardanza están, según los expertos, factores como el deterioro de las instalaciones de los colegios y las dificultades para llenar las vacantes docentes y darles condiciones adecuadas a los que ya están ejerciendo.
Castillo, que ha pasado gran parte de su vida como profesor de escuela rural, anunció que el sector Educación tendrá en 2022 un presupuesto del equivalente a 9.000 millones de dólares, lo que representa 650 millones de dólares más que en 2021.
Según el mandatario, esos fondos extras ayudarán a contrarrestar el daño provocado por la falta de presencialidad, al desarrollo de los docentes y a la innovación tecnológica. Aun así, para el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación de Perú (SUTEP), el monto es insuficiente.
El camino al poder de Castillo
El presidente, de 52 años, salió del anonimato en 2017, cuando organizó una huelga radical como líder de una facción disidente del SUTEP, poderoso y hasta entonces monolítico sindicato controlado históricamente por el partido marxista Patria Roja.
De esa disidencia nació un sindicato, la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación (Fenate), ligado a su vez a una fuerza política en formación, el Partido Magisterial y Popular (PMP).
Castillo, cuyo Gobierno ha transcurrido entre choques permanentes con la oposición, pertenece a la Fenate y al PMP, aunque nominalmente sigue en el partido oficialista Perú Libre.
Fuente: Telam