La Ley Seca ya rige en 50 municipios argentinos, aunque suene increíble. En 10 provincias se prohíbe el consumo de alcohol, léase vino, cerveza y bebidas espirituosas, en varias localidades. El argumento es que beber alcohol promueve la violencia doméstica y sexual y, además, la ruptura del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno nacional para controlar la pandemia del coronavirus (Covid-19).
En algunas localidades es una medida avalada por el municipio, en otros es una norma policial. Lo cierto es que no pueden ni circular camiones distribuyendo estas bebidas y se obliga a los comercios a fajar las heladeras prohibiendo la venta.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, impuso la prohibición de venta y transporte de alcohol en toda la provincia desde las 8 horas del viernes 10 a las 0 horas del lunes 13. Sin embargo 11 municipios riojanos se autolegislaron y piensan seguir con la medida. Consultado por BAE Negocios, para llevar tranquilidad a los porteños, Horacio Rodriguez Larreta, sostuvo: “La Ciudad de Buenos Aires no va acompañar esa medida”.
Otras municipios pertenecen a las provincias de Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Córdoba, Neuquén, Misiones, Chaco, La Rioja y Río Negro.
Esta prohibición afecta a una industria que ya venía golpeada y se suma al cierre de restaurantes y bares, incluídas vinotecas, aunque algunas vendan por delivery. La alarma en el sector no se hizo esperar. Si bien en la primera semana de la cuarentena se notó un incremento del 12% en la venta de vino, saben que fue por un stockeo puntual.
José Alberto Zuccardi, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y titular de la bodega Zuccardi y señaló: “Se están extralimitando, el vino es saludable y está catalogado como alimento y el decreto presidencial permite la fabricación y distribución de alimentos y bebidas. Hicimos una presentación, los municipios no pueden legislar por sobre las provincias o Nación. Le abren la puerta a las gaseosas que es jarabe de fructuosa y son negativas para la salud. Tienen edulcorantes nocivos y es la salud pública la que debe hacerse cargo”.
La medida llega en un momento complejo ya que la vitivinicultura está en plena vendimia. “Es una industria muy golpeada que no sólo viene con una caída de consumo, sino que en los últimos años tuvo que enfrentar una política financiera con tasas del 70% de interés que fue muy perjudicial para el sector”, acotó Zuccardi.
Patricia Ortiz, presidenta de Bodegas de Argentina , la cámara que agrupa 230 bodegas de todo el país, señaló: “Es una locura, no tiene fundamento científico que 50 municipios prohíban el consumo de alcohol. Eran 37 pero se contagian como un virus, esto nació en las provincias que tenían alcohol cero. La cuarentena permite tener un consumo familiar y que los padres le enseñen a los hijos cómo consumir. Esto perjudica a todas las economías regionales, están cerrados restaurantes, bares, vinotecas y el turismo en bodegas, esto es matar a la industria”.
Para dimensionar como afecta a los productores, Ortíz explicó: “Se suma que están cerrados los bancos. Las vinotecas, al estar cerradas, no pagan y los cheques de los grandes supermercados no se pueden depositar. Muchos cheques de vinotecas fueron rechazados, por no tener fondos, puede ser por el clearing, pero al estar rechazados no se pueden volver a depositar. Si esto nos pasa en julio es tremendo, ahora es una bomba en plena vendimia. Hasta con las imprentas cerradas no podemos hacer etiquetas para exportar. No podemos prohibir el alcohol, sino prohíban la gaseosa y el chocolate, porque todo es malo”.
Alejandro Berlingieri, director ejecutivo de Cerveceros Argentinos, fue claro: “A nosotros y a la economía nos trae un perjuicio enorme. Trabajan 127.000 en la comercialización, si bien no vamos a despedir, la gente trabaja menos horas o cobra un adicional menos por reparto. Tenemos 5.000 proveedores pymes que alimentan la industria, los distribuidores directos se ven muy afectados. Esto agrava más la difícil situación económica que estamos viviendo”.
El representante de los cerveceros acotó: “Desde que comenzó la pandemia nuestras ventas bajaron un 25% es un mito que hayan aumentado. El consumo comparado contra abril del año pasado está un 37% abajo. No hay que olvidarse que con bares y restaurantes cerrados ya tenemos una baja del 20%. Estamos de acuerdo con el consumo responsable y apoyamos que el consumo cero para automovilistas, pero esto es otra cosa, es consumo en hogares”.
Necesitamos obtener recursos porque la falta de actividad económica ha hecho caer la recaudación».
En la conferencia de prensa, estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Salud, Ginés González García, y el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, entre otros funcionarios.
Alberto Fernández anticipó que se iniciará un estudio de las propuestas que envíen los gobernadores junto con protocolos de acción respecto de como abrir la cuarentena en los lugares geográficos que soliciten.
El Presidente utilizó un tono didáctico para explicar cómo la cuarentena consiguió aplanar la curva de casos esperables y se detuvo en la comparación con dos países limítrofes que no tomaron medidas estrictas: Brasil y Chile. «La cuarentena tiene sentido», remarcó pero aclaró que «estamos lejos del logro de pelear contra la enfermedad».
Para tomar la decisión, Alberto Fernández mantuvo reuniones con los gobernadores de todo el país, con expertos del equipo sanitario y con los integrantes de su gabinete económico que tomaron contacto a su vez, con sectores económicos y gremiales.
Fernández le había pedido a los gobernadores que realicen un detallado informe acerca de las zonas y las actividades productivas de menor riesgo, antes de evaluar el levantamiento parcial de las restricciones.
Puntualmente, apuntó que una cuarentena «liberada» a futuro podría habilitarse después de que sea analizada la «factibilidad, un protocolo y las garantías de control de parte de las autoridades provinciales».
Argentina ingresó en cuarentena y aislamiento obligatorio el 20 de marzo, y en ese período el Gobierno dispuso el funcionamiento de sólo una veintena de rubros considerados «esenciales» en especial vinculados con la logística, la alimentación y el sistema de salud.