Pese a que en las últimas décadas fue un tema que reavivó la grieta entre los argentinos, Rumbo a las PASO 2021 un precandidato del Partido Federal se jugó y propuso implementar el servicio militar para jóvenes y adolescentes que delinquen.
La primera conscripción en Argentina se efectivizó a través de la Ley 3.318, el 12 de marzo de 1896. En ese entonces se había decretado la movilización de 24.000 ciudadanos que junto a 10.000 hombres del ejército de línea realizaron los movimientos para concentrarse en Cura Malal, provincia de Buenos Aires ante una hipotética guerra con Chile. La concentración causó varias muertes, no por enfrentamientos, sino por el frío y las enfermedades de una época sin vacunas. Así se inició un sistema de incorporaciones por clase a las fuerzas armadas que tuvo un siglo de vigencia, hasta ser abolido en la última década del Siglo XX.
En América Central y América Latina son varios los países en los que rige la obligatoriedad, entre ellos: Guatemala, Cuba, Colombia, Brasil y Paraguay. En Perú, el nuevo presidente, Pedro Castillo, afirmó que “los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar”, algo que fue fuertemente repudiado ya que en ese país es voluntario desde el año 2008, a partir de la Ley 29.248 sancionada durante el segundo gobierno del difunto ex presidente Alan García.
Misiones fue la quinta provincia con más inscriptos al servicio militar voluntario en 2019
Ese año la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la creación de un servicio cívico voluntario en el que se formaría a jóvenes de entre 16 y 20 años que no concurran a la escuela ni trabajen en “valores democráticos y republicanos”.
En cuestión de días Misiones se convirtió en la quinta provincia con más inscriptos de un total de 24 mil jóvenes de todo el país, de los cuales 1.200 eran misioneros. El 36,13% de las inscripciones correspondieron a Buenos Aires; el 10,46%, a Córdoba; el 7,96% a Santa Fe, el 5,04% a Misiones, y el 40,41% restante se distribuyó en las otras provincias.
En cuanto a edades, el 22% de los inscriptos tenía 16 años; el 19%, 17; el 21%, 18; el 21%, 19; y el 17%, 20 años.
En ese entonces, la Ministra de Derechos Humanos Lilia Marchesini criticó la medida y consideró: “El Gobierno nacional no impulsa el pensamiento crítico sino la obediencia”. A lo que agregó: “no es casual” más teniendo en cuenta los tiempos electorales del año 2019. Y aseguró que la naturaleza del programa era “tapar” otras cuestiones e instalar otros debates en la sociedad.
Por lo que profundizó: “Es una cortina de humo. Nos sacan de la discusión por quién va a pagar la deuda, a quién vamos a votar dentro de tres semanas y qué política de desarrollo tiene el Estado nacional”.
En tanto, una de las voces a favor, fue la del Padre Barros quien expresó: “Me parece muy positivo”, sobre todo para quienes no estudian ni trabajan.
“Es la oportunidad de formarse en algún oficio, aprender valores que le puedan ayudar a crecer y fortalecer en esa etapa de la vida. Hoy por hoy, las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas tienen estructuras para esto. Escuche las críticas pero me parece que ya no caben con casi 40 años de democracia. Los prejuicios que algunos puedan tener me parecen más bien ideológicos y que no tienen nada que ver con el presente. Esto me parece un paso adelante una interesante idea”, sostuvo el sacerdote en diálogo con Radio Libertad.
La nueva propuesta para la Argentina
Este mes y en tono electoral de cara a las PASO, el precandidato a diputado nacional por el Partido Federal, Miguel Saredi, propuso que se implemente el servicio militar para jóvenes y adolescentes que delinquen. “Es necesario mostrarles que hay una alternativa, que pueden elegir otro camino y contribuir con la comunidad”, explicó el dirigente.
“Sólo basta con recorrer el conurbano para corroborar lo que las estadísticas oficiales relativizan o intentan ocultar, que hay cientos de adolescentes y jóvenes en las calles cometiendo delitos para sobrevivir y que tienen en vilo a la población. Se trata en muchos casos de pibes abandonados a su suerte por su familia, luego abandonados por el Estado, que viven en las calles, muchos con problemas de adicción, que terminan cayendo en el circuito penal”, detalló.
“Es hora de que el Estado deje de mirar para otro lado y tome decisiones por el bien de ellos y de toda la sociedad en su conjunto. Acá no sirve ni la mano dura ni la mano blanda, porque es la forma más fácil de no hacer nada”, explicó. “Por eso, propongo en el marco de un paquete de políticas integrales, la necesidad de implementar el servicio militar para esa población en conflicto con la ley”, planteó.
“Estos pibes necesitan saber que tiene otra alternativa, que pueden tener otro destino, ser parte de una estructura. La disciplina, el control y los valores que representan el servicio militar pueden servir para construir ese camino, sin violencia, y aportando a la seguridad de la sociedad”, justificó.
Lo que le puso fin al SMO
Las torturas y el posterior asesinato del joven soldado Omar Carrasco en 1994, cometido en el Grupo de Artillería 161 del Ejército Argentino, en Zapala, Neuquén, marcó un quiebre en la historia nacional.
Luego del asesinato, los implicados escondieron el cuerpo y fue encontrado un mes después. El hecho impactó directamente en la sociedad y la magnitud del caso escaló a tal punto que el expresidente Carlos Menem debió anunciar en cadena nacional la finalización del Servicio Militar Obligatorio.
En enero de 1996, el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó por el crimen de Carrasco al subteniente Ignacio Canevaro a 15 años de prisión; a los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez, a 10 años, y al sargento Carlos Sánchez a tres, por encubrimiento.
En el año 2000, Salazar y Suárez recuperaron su libertad por la aplicación de la ley del dos por uno, mientras que en febrero de 2004 quedó en libertad Canevaro, quien estudió derecho en la cárcel y una vez en libertad se integró a trabajar a un estudio jurídico en Capital Federal.
