El Gobierno cierra el año acumulando una cantidad récord de frustraciones en su relación con la justicia y el Poder Judicial, en particular. No hubo iniciativa en la materia que llegara a buen puerto y los puentes –sin bien existen- están intransitables. Eso explica por qué quienes los trajinan están desorientados sobre qué y cómo pedir. Parecen estar en la Torre de Babel. Pero el dato que ensombrece aún más el panorama surge del calendario: el 2022 no es un año electoral, y por ende, será el momento en el cual la Corte Suprema desagotará todo el incómodo inventario que quedó solapado por la elección de medio término. Cuestiones previsionales e institucionales de alto calibre. El verdadero problema no es que el máximo Tribunal no tenga una agenda de casos sensibles. De hecho, la tiene. El drama es que nadie afuera del cuarto piso del Palacio la conoce. El año que comienza es garantía de fricciones.
Por eso, quizás, el presidente Alberto Fernández está dejando asentar sobre su escritorio la serie de proyectos de ampliación de la Corte Suprema, en parte para reservar una carta y un poco más por el escenario cuesta arriba en materia legislativa. Eso incluye todas las opciones diseñadas por el Ministerio de Justicia y la revelada por Ámbito la semana pasada: la de llevar al actual modelo de 5 miembros a uno de 25 integrantes con cada gobernador escogiendo a un ministro, dividiéndola en salas y respetando la paridad de género. Pese a ser muy tentador, algunos contactos reservados con mandatarios no peronistas auguraron un rechazo a esa propuesta, pese a que tampoco buscan dañar su relación con el Ejecutivo Nacional. Gobernador no es Jefe de Gobierno, piensan en Casa Rosada. Otro problema.
Por las dudas, Horacio Rodríguez Larreta designó un interlocutor para estudiar el problema que se generó con el fallo por la inconstitucionalidad del actual formato del Consejo de la Magistratura. El ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D´Alessandro fue una de las primeras figuras en opinar (favorablemente) de la sentencia, a la que calificó como “acertada”. Casi la contracara del kirchnerismo que lo consideró una afrenta, disparó furia en redes sociales y medios y hasta –con sectores periféricos- convocó a dos marchas en fechas distintas. Mientras que los abogados se enfrascaron en un tironeo para ver de qué manera cumplían con completar las nuevas sillas en juego y sobre todo cómo resuelven su dilema electoral interno, lo cierto es que fuera del Consejo, la política leyó que los 120 días que dio la Corte para resolver el asunto por una u otra vía no son para nada un plazo exiguo. La realidad es que 120 días en Argentina pueden ser una eternidad.
La Corte le dejó la granada sin espoleta a los otros poderes. ¿De quién será la responsabilidad si al día 121 el Consejo de la Magistratura ingresa en una parálisis? Puede que una parte del relato responsabilice al fallo y sus plazos. Lo cierto es que las consecuencias impactarán fuera de los muros de la Corte. La mayoría del máximo Tribunal puso proa a intentar solucionar el serio problema de imagen social que el Poder Judicial arrastra. Es un camino de espinas. El termómetro para medir esas señales en el horizonte no admite lecturas de microclima. A cada cuestionamiento externo al modo de trabajo de la Corte le sigue algún ejemplo de comportamiento absurdo de los otros poderes. Así, ¿quién podría exigirle a la Corte algo que no se cumple en los otros poderes?
En los últimos diez días se dio un diálogo a distancia entre el Presidente y el titular de la Corte, Horacio Rosatti. Ya sea mediante entrevistas o apariciones públicas hubo metamensajes bien explícitos que fungieron de misilazos. Si el fallo del Consejo era una declaración de guerra, le siguió poner bajo discusión la ampliación; si había ampliación, la sugerencia es que la Corte fuese parte de la discusión y que si el argumento era la falta de celeridad, una Corte más amplia demoraría exponencialmente la tardanza en el giro de los expedientes. Si la Corte pretende no solo gobernar, sino también legislar, la relación no tiene retorno. A buen entendedor, dos conceptos de distinta índole quedaron flotando: el “Lawfare” como tal no será parte del análisis jurisprudencial de los expedientes cuando arriben y el Estado (el gobierno, más específicamente) debería dejar de apelar sentencias adversas cuando ya sabe el resultado, sobre todo en materia previsional. El principal cliente de la Corte es el Estado.
El hombre del oficialismo mejor informado de lo que ocurre en Talcahuano 550 es el jefe de Asesores Juan Manuel Olmos que naufraga en sus buenas artes por exclusivo efecto del internismo. Otro político que sabe leer el movimiento de las placas tectónicas del poder en el mundo judicial es el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández. En esa clave debe leerse cómo la jueza federal María Eugenia Capuchetti fulminó el polémico informe de la Dajudeco acerca de las expresiones públicas de distintos funcionarios de la era Macri respecto a algunas figuras judiciales asociadas al mundo K. Pareció un favor a Elisa Carrió y al exministro Germán Garavano. Nada que ver. Fue un exocet directo al corazón de la Dajudeco que –como todo el mundo sabe- no es una “criatura” por la que la actual Corte sienta demasiado apego. Es un síntoma de los tiempos.
Aunque lo parezca, no todo es belicosidad. Puede dar fe de ello el intendente de Esteban Echeverría Fernando Gray que había logrado merced a un intenso lobby que la Cámara Nacional Electoral le habilite el pase para discutir la presidencia del PJ de la Provincia de Buenos Aires en la Corte Suprema, como algo excepcional. La pelea de fondo por ese bastión era directamente con Máximo Kirchner. Pero el derrotero judicial culminó cuando el 22 de diciembre se expidió el Procurador General interino Eduardo Casal, blanco habitual de la furia kirchnerista y asociado de manera permanente, no con la corporación de fiscales, como es en realidad, sino con el macrismo, en lecturas apresuradas. Cuestión que el procurador propició el rechazo del recurso presentado por Gray desbaratando su argumentación contra el proceso que ungió a Máximo en el PJ bonaerense. Hasta ahí llegó el empuje de Gray. El caso para la Corte terminará abstracto.
Si la Corte será protagonista del 2022 también lo será la Cámara Federal de Casación Penal que deberá atajar varias de las cuestiones sensibles que concluyeron con éxitos parciales para Cristina de Kirchner. Será uno de los focos para lo que viene. Existió otro movimiento que tuvo de protagonistas a las causas de espionaje ilegal que salpican a Mauricio Macri. Si la perinola de Comodoro Py cayó en un “toma todo” tuvo otro motivo más subrepticio: fue la demostración de los tribunales de Retiro que no están dispuestos a admitir mayores desafíos de la justicia federal del conurbano ni de otras jurisdicciones que jueguen a disputarle poder. No hay dos tribunales políticos, fue el mensaje que bajó como un rayo.
Leonardo Di Caprio estrenó en las plataformas la película “Don´t Look up” (“No miren para arriba) que merced al argumento de un meteorito que chocará contra la tierra abre el juego de las metáforas para analizar diversas problemáticas como la actitud de los políticos, de los empresarios, los medios y la ciencia, en clave comedia dramática. Sin spoilear, el eje versa sobre cuestiones inevitables que se pretenden ignorar. El argumento es completamente versátil y conceptualmente compatible con la realidad argentina y, en mucho, con lo que ocurre con el mundo judicial. Existen cuestiones imposibles de torcer que se encuentran en pleno trayecto a su definición.
Que nadie mire para arriba.
Fuente: Telam