El Ejecutivo da por descontada la aprobación de la ley en el Senado y trabaja en la letra chica para acotar los márgenes de litigiosidad. La estrategia incluye la disolución del fuero laboral nacional.
Con la media sanción de la reforma laboral asegurada para este viernes, el Gobierno ya trabaja a contrarreloj en su reglamentación. El objetivo es publicar la normativa en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo con definiciones precisas que busquen reducir los márgenes de interpretación y, sobre todo, blindar la ley ante la anunciada catarata de amparos y planteos de inconstitucionalidad que preparan los gremios.
Equipos técnicos y jurídicos de la Casa Rosada revisan el texto con una premisa clara: anticiparse al conflicto en los tribunales. En el oficialismo asumen que la judicialización es un escenario “inevitable” y sostienen que la reglamentación debe ordenar la aplicación de los artículos más sensibles, en particular los vinculados a la transición, la vigencia y el alcance de la nueva ley sobre las relaciones laborales ya existentes.