“Todos los fallecidos eran del barrio, por eso fue una tragedia que nos golpeó mucho. Todos amigos y vecinos”, recordó Jorge Da Silva Rodríguez, padre de una de las víctimas
En los últimos años la vida le puso varias zancadillas a Jorge Da Silva Rodríguez (54). En 2020 padeció un grave accidente en el aserradero donde trabaja y permaneció dos semanas en terapia intensiva, pero se recuperó; luego, ya a principios de este año, su esposa falleció por una afección cardíaca.
En tanto, hoy se cumplen diez años del trágico deceso de su hijo Lucas, quien perdió la vida a los 14 años en el recordado accidente del camión que transportaba tareferos y despistó cerca del acceso al Parque Salto Encantado, sobre ruta provincial 220, en un tramo que entonces estaba siendo asfaltado.
Precisamente, aquel desastre que se cobró la vida de ocho personas, entre ellos tres menores de edad, derivó en la instauración del 17 de junio como el Día Nacional del Tarefero,establecido por Ley 27.104.
“Además de rendir homenaje a los tareferos muertos el 17 de junio, rinde homenaje también a todos los tareferos del país que día a día ponen el cuerpo y su fuerza de trabajo, en las peores condiciones laborales, para ofrecer a los argentinos una infusión típica y tradicional de nuestro ser nacional”, se cita en los fundamentos de la citada Ley.
Al respecto, Da Silva Rodríguez reflexionó: “Es triste que hayan tenido que morir tantas personas, entre ellos gurisadas, para empezar a valorar el trabajo del tarefero. Mi gurí tenía 14 años, toda la vida por delante. Y no hay homenaje ni nada que lo traiga de vuelta”.
En diálogo con El Territorio en su casa del barrio Evita, de Villa Bonita, reconoció que el único consuelo es que ya casi no se ven tareferos en las planchadas de los camiones, como viajaron su hijo y sus compañeros el día de la tragedia.
“Se podría haber evitado”
Da Silva Rodríguez recordó en 2013 los controles eran limitados, a pesar de que ya operaban prohibiciones a prácticas muy arraigadas en el sector, como el traslado de los peones rurales sobre las cargas de yerba y el trabajo infantil.
El primer quiebre en la legislación comenzó a darse luego del accidente de Colonia Aurora, el 2 de octubre del 2000, siniestro que se cobró la vida de cuatro tareferos.
“Yo laburé en la tarefa muchos años, hasta que empecé en el aserradero. Cuando pasó el primer accidente empezaron las prohibiciones, pero se controlaba poco y nada. Acá en el barrio entraban de a seis camiones y la gente subía en la planchada y después pasaban frente a la comisaría y no pasaba nada. Por eso pienso que se podría haber evitado tanto dolor”, subrayó con tristeza.
Mencionó que tuvo diez hijos y si bien siempre pudo “parar la olla”, en un momento Lucas quiso aprender a tarefear para ganarse su plata y fue con amigos a su primer campamento.
“En total, por lo que sé, fue tres veces y la tercera pasó el accidente. Yo ya le había dicho que no vaya, pero resulta que sacó un vale de 150 pesos adelantado y medio que le presionaron para que vaya. Él se fue sin permiso, cosa de gurisada, pero los grandes sabían que era una criatura y le llevaron junto igual”, lamentó.
El dolor se hace mueca en el rostro de Da Silva Rodríguez al rememorar los detalles del caso, de cómo se enteró del siniestro y los trámites posteriores.
Además de su hijo Lucas, el hecho costó las vidas de Fabián Da Silva (23), Fernando Piñeiro (13) y su papá José Francisco Piñero (42), Edgar Ferreira (17), Luis Godoy (33), Miguel Miranda (55) y su hijo Hugo Franco (33).
“Todos los fallecidos eran del barrio, por eso fue una tragedia que nos golpeó mucho. Todos amigos y vecinos. Fue demasiado”, agregó.
Menos tareferos
Según Da Silva Rodríguez, actualmente los contratistas trasladan al personal en colectivos o combis, tal como indica la legislación vigente, al menos es lo que observa en el barrio Evita.
De todas formas, opinó que “ya no hay tantos tareferos como hace diez años, capaz porque el gobierno ayuda más y casi todos tienen algún sueldo. Antes entraban de a seis a ocho camiones a buscar a la gente, pero ahora hay semanas que no entra ni un colectivo”.
Además de instaurarse el 17 de junio como Día Nacional del Tarefero, por su parte el estado provincial fijó una pensión que alcanza a los deudos de los fallecidos y a las víctimas que padecieron secuelas, montó que actualmente asciende a 23 mil pesos por mes.
“No es por la plata, porque nada compensa la muerte de un hijo, pero al menos las autoridades dan una ayuda por todo lo que pasó. En cambio la Justicia ni siquiera nos informó en qué quedó la causa. Lo único que sabemos es que el chofer fue condenado a tres años. Después se mudó de acá y no supimos nada más”, mencionó.
Anticipó que hoy llevará flores a la tumba de su hijo, en el cementerio de Villa Bonita, al tiempo que las condiciones climáticas llevaron a postergar el acto que estaba previsto para la ocasión.
La tragedia
El siniestro vial que se cobró las vidas de ocho personas se registró cerca del acceso al Parque Salto Encantado, en el municipio homónimo. Los tareferos viajaban en un camión Ford 700 que era conducido por Julio César Franco, quien estaba acompañado por su hijo de 14 años.
Además del trasladar al personal en la planchada del rodado, incluidos una decena de menores, lo que contradecía las normas vigentes, luego del accidente se supo que el camión presentaba fallas mecánicas.
Héctor Fabián Miranda, contratista y medio hermano del chofer, confirmó que el rodado presentaba problemas de freno y por ello realizaron una parada en el acceso al Salto Encantado, a sólo un par de kilómetros del lugar de la tragedia.
Según el expediente judicial, Miranda indicó que camión partió desde Villa Bonita por la ruta provincial 103 y luego transitó por la nacional 14, cruzando las localidades de Campo Viera, Campo Grande y Aristóbulo del Valle, hasta la intersección con la provincial 220, sin ningún impedimento ni control policial.
Aseguró que el Ford tenía problemas de freno que fueron minimizados por el chofer.
“El camión venía frenando mal porque tiraba para un lado. Entonces paramos en un taller, a una cuadra más o menos de la ruta, y ahí ajustaron algunas cosas, según mi hermano. Y seguimos”, detalló.
Miranda notó que el camión fallaba y, ante la inminente tragedia, decidió saltar. Tuvo la ventaja de conocer de antemano los problemas mecánicos, por lo que resultó ileso, privilegio que no tuvieron los otros.
“Escuché un ruido que hace el cambio de la baja cuando falla y luego empezó a agarrar velocidad. Ahí salté del camión porque me asusté, y grité para que mis compañeros salten. No hubo caso de atajar el camión y pegó contra los árboles en el bajo”, declaró.
Fallo judicial
En octubre de 2016, el chofer Julio César Franco fue sentenciado a tres años de prisión y cumplió la condena en la Unidad Penal II de Oberá.
En juicio abreviado aceptó los cargos por “homicidio culposo agravado y lesiones” y la pena fue homologada por el Juzgado Correccional y de Menores.
Si bien Franco no fue el único imputado en la causa, para la Justicia fue quien tuvo la máxima responsabilidad en el siniestro, puesto que manejaba el rodado y era consciente de los problemas mecánicas que presentaba el mismo.
“El conductor fue al menos negligente y su accionar derivó en el deceso de ocho personas y ocasionó serias lesiones en otras tantas”, precisó el fallo.
Por su parte, familiares de las víctimas se mostraron insatisfechos por el monto de la pena, al tiempo que insistieron con la responsabilidad que les corresponde a otros actores secundarios.
Precisamente, también fueron imputados Héctor Fabián Miranda -hermano del chofer y contratista- y el empresario Dante Lewtak, aunque ninguno tuvo pena de cumplimiento efectivo.
El territorio