La defensa de Sebastián Kiczka apeló la sentencia que lo condenó a 12 años de prisión y cuestionó la legalidad del fallo por supuestas imprecisiones fácticas, errores en la calificación legal y el uso de citas doctrinarias inexistentes.
La defensa de Sebastián Kiczka presentó ante la justicia un recurso de casación contra la sentencia dictada el 16 de abril pasado, en la que se lo condenó a 12 años de prisión efectiva por los delitos de tenencia y facilitación de material de abuso sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas. La impugnación sostiene que la decisión del tribunal es nula por “arbitrariedad manifiesta” y por fundarse en argumentos que, según indican, se apoyan en obras jurídicas inexistentes o mal citadas.
En el escrito, firmado por los abogados Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, se plantea la “gravedad institucional” del fallo mayoritario, dictado por los jueces Jorge Bernie y Marcelo Yaya, al considerar que “los fundamentos jurídicos invocados para agravar la pena no existen en las fuentes citadas” y que “se vulneraron principios esenciales como el derecho a la defensa, la legalidad y el debido proceso”.
Uno de los principales puntos del recurso es la crítica a la calificación legal bajo la figura de “concurso real” entre conductas —tenencia y facilitación— que, a criterio de la defensa, configuran un único hecho delictivo de carácter permanente. La sentencia, según el recurso, incurrió en un error material al citar párrafos supuestamente extraídos de autores como Raúl Zaffaroni o Jesús María Silva Sánchez, que no se corresponden con el contenido real de sus obras. Incluso, se adjuntó una consulta directa al jurista español, quien negó haber escrito lo que se le atribuyó.
Asimismo, los defensores señalaron que la descripción de los hechos en la acusación resulta “vaga e imprecisa”, sin delimitar el tiempo exacto de ocurrencia del supuesto abuso, lo que, en su opinión, impide ejercer una defensa efectiva. También se cuestiona la valoración de la prueba pericial, especialmente en lo relativo al informe psicológico de la presunta víctima, cuya lectura por parte del tribunal habría sido “parcial o directamente tergiversada”.
En otro apartado, el recurso aborda la situación de salud mental del imputado. Se afirma que Kiczca padece “una patología compatible con pedofilia y trastornos asociados” que, lejos de justificar la impunidad, requiere —según el criterio de la defensa— la aplicación de una medida de seguridad o una pena atenuada. En este punto, destacaron el voto disidente de la jueza Cukla, quien había propuesto una condena reducida en atención al diagnóstico clínico del acusado.
Finalmente, el recurso solicita que se anule la sentencia y se convoque a una audiencia oral, en cumplimiento de lo dispuesto por los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional en materia de debido proceso y revisión de condenas.
La decisión de la Cámara de Casación será clave no solo para el caso particular, sino también para el debate jurídico en torno al uso de doctrina en sentencias penales, la determinación del concurso de delitos continuados y los límites de la valoración probatoria en causas de abuso sexual.