Mientras exigen un paro nacional para el 10 de febrero, día en que sesionará el Congreso, los legisladores del FIT y las bases gremiales advirtieron que la CGT negoció con el Gobierno nacional la entrega de derechos que son fundamentales para los trabajadores.
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A medida que el calendario parlamentario se aproxima al 10 de febrero, fecha prevista para el tratamiento del Proyecto de Modernización Laboral, los diputados del Frente de Izquierda (FIT) junto a diversos sectores gremiales aceleraron la coordinación de una agenda común. Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Christian Castillo encabezaron una serie de encuentros durante el último fin de semana para preparar “un intercambio para preparar una lucha contra la reforma laboral esclavista” y definir “medidas concretas para que triunfen los actuales conflictos contra los despidos”.
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En estos encuentros, realizados en puntos geográficamente distantes como la ciudad de Lomas de Zamora (provincia de Buenos Aires) y la capital de Jujuy, los legisladores y delegados advirtieron que la conducción de la CGT negoció con el Ejecutivo nacional términos que podrían afectar derechos fundamentales de los trabajadores.
Sobre la inacción de las centrales obreras, los diputados señalaron que “un sector está negociando directamente con el Gobierno y los gobernadores cómplices”, en lugar de organizar una resistencia seria contra una ley que, según indicaron, “terminará de liquidar los derechos de las y los trabajadores”. Por este motivo, el consenso apuntó a imponer un paro nacional activo los días que se trate el proyecto.
La agenda de trabajo también puso el foco en situaciones locales, brindando un “apoyo activo a cada lucha regional contra los despidos”, como la que atraviesan los empleados de la empresa Lustramax en Zona Norte. Los dirigentes advirtieron que en esa planta se libra una “dura pelea” frente a una patronal que pretende “quebrar por hambre” a las familias. La intención de los organizadores es que la protesta del 10 de febrero unifique estos reclamos aislados en una movilización coordinada hacia el Palacio Legislativo.
Más allá de la actividad gremial, el plan incluye lograr “una confluencia nacional en las próximas semanas”, sumando a movimientos ambientales y colectivos de disidencias para el sábado 7 de febrero. Esta articulación de fuerzas buscaría fortalecer la jornada de huelga general que preparan para “derrotar al gobierno de Milei y eliminar toda su herencia legal”. Para los legisladores del FIT, el escenario parlamentario requeriría un acompañamiento masivo que visibilice la postura de quienes se oponen a los cambios en el régimen laboral.