La investigación judicial que analiza el circuito internacional de más de 300 millones de dólares vinculados a los contratos de la Asociación del Fútbol Argentino sumó un nuevo capítulo que podría modificar el equilibrio interno del expediente. La defensa de los responsables de TourProdEnter LLC solicitó formalmente que sea apartado como querellante el empresario Guillermo Tofoni, quien aportó documentación bancaria obtenida en Estados Unidos y cuya intervención es considerada clave dentro del proceso.
El planteo fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, donde se tramita la causa que investiga presuntas maniobras de administración fraudulenta en el manejo de los contratos internacionales de la Selección argentina durante los últimos cuatro años. En ese período, la firma TourProdEnter LLC fue designada como agente de cobro exclusivo en el exterior, con facultades para gestionar ingresos por amistosos, eventos y acuerdos comerciales.
El escrito, presentado el 13 de febrero de 2026 por la defensa de Javier Faroni y Gabriela Erica Gillette, solicita que se rechace el reconocimiento de Tofoni como “parte querellante”. Según el argumento expuesto, el empresario no cumpliría con la condición de “particular ofendido” exigida por el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que el supuesto perjuicio no lo afectaría de manera directa y singular.
La estrategia apunta a limitar el rol procesal del denunciante. Si el pedido prospera, Tofoni perdería la posibilidad de impulsar medidas de prueba, acceder con plenitud al expediente y recurrir decisiones judiciales con el peso formal de una parte activa en el proceso. En términos prácticos, su intervención quedaría sensiblemente reducida.
El trasfondo del planteo es relevante: Tofoni fue quien obtuvo, a través de un procedimiento de discovery en tribunales estadounidenses, miles de documentos financieros relacionados con el movimiento de fondos. Esa documentación fue incorporada a la causa y constituye uno de los ejes probatorios del expediente.
En su respuesta ante el juzgado, el empresario rechazó de plano los cuestionamientos de la defensa y defendió la legitimidad de su participación. “La paradoja es que justamente fue quien suscribe quien nutrió y aportó abundante prueba en esta causa en virtud del discovery iniciado en Estados Unidos. Es decir, se da la circunstancia al revés de lo que postulan los imputados”, sostuvo.
Además, explicó el alcance del mecanismo utilizado para acceder a la información financiera: “la totalidad de la información financiera incorporada a esta causa fue obtenida mediante un procedimiento formal de discovery tramitado ante tribunales de los Estados Unidos, mecanismo que —por su propia naturaleza— exige como presupuesto ineludible la acreditación de un interés legítimo, concreto y actual por parte del requirente”. En esa línea, agregó que las autoridades judiciales estadounidenses evaluaron el reclamo y lo consideraron jurídicamente atendible, habilitando el acceso a datos bancarios sensibles.
Tofoni subrayó que esa autorización implicó “necesariamente, un reconocimiento previo de legitimación y de la existencia de una posible afectación patrimonial directa, pues de otro modo dicho acceso jamás hubiera sido autorizado”. Y concluyó que ello “descarta cualquier hipótesis de actuación meramente especulativa o exploratoria, como pretende sostener la defensa”.
La denuncia original sostiene que las maniobras investigadas habrían sido ejecutadas por el presidente de la AFA, Claudio Tapia, junto al tesorero Pablo Toviggino, en presunta complicidad con los responsables de la sociedad radicada en Estados Unidos. Según la presentación judicial, la estructura societaria habría permitido canalizar fondos derivados de contratos internacionales y aplicar comisiones que, de acuerdo con el denunciante, carecerían de justificación.
Entre los puntos cuestionados figura una comisión del 30 % pactada a favor de la firma estadounidense. Para Tofoni, ese esquema “no tendría justificación alguna y también consistía en una vía más de consumar el fraude”. La acusación también menciona transferencias y presuntos desvíos de fondos que no habrían sido rendidos a las cuentas oficiales de la AFA.
El período bajo análisis coincide con el ciclo más exitoso y rentable de la Selección argentina, coronado con el título en el Mundial de Qatar 2022. Ese logro incrementó exponencialmente el valor de los amistosos y acuerdos comerciales internacionales, multiplicando los ingresos vinculados a la marca Selección.
La causa ya atravesó una discusión previa sobre la competencia judicial. Un intento de derivarla al fuero federal fue rechazado por el camarista Ignacio Rodríguez Varela, quien entendió que no existían elementos suficientes para considerar que la afectación patrimonial comprometiera bienes o intereses federales. También señaló que los fraudes “no dejan de ser comunes” por el solo hecho de involucrar cifras elevadas o trascender jurisdicciones.
En ese contexto, la disputa por la querella adquiere un peso estratégico. El debate no solo gira en torno a la legitimación procesal de Tofoni, sino también al control del flujo de información financiera incorporada desde el exterior. Si la jueza confirma su rol como querellante, podrá continuar impulsando medidas y ampliando la hipótesis investigativa. Si, en cambio, decide apartarlo, la evolución del expediente quedará exclusivamente en manos del Ministerio Público Fiscal y del juzgado interviniente.
Con más de 300 millones de dólares bajo análisis y una red de contratos internacionales en la mira, la resolución sobre la participación del empresario se convirtió en un punto neurálgico de una causa que genera fuerte impacto institucional y político en el fútbol argentino