El abogado Rodolfo Baqué presentó dos denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento bonaerense. Asegura que los magistrados permitieron —o no impidieron— el ingreso de cámaras y personas sin acreditación durante una audiencia clave del caso Maradona, y que no informaron la irregularidad pese a conocerla.
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La destitución de la jueza Julieta Makintach habilitó un nuevo capítulo en el escándalo por la filtración de imágenes durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. Minutos después de conocerse la decisión unánime del Jurado de Enjuiciamiento, el abogado Rodolfo Baqué avanzó con dos pedidos de juicio político contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro.
Las presentaciones fueron radicadas este martes en la Secretaría de Enjuiciamiento del Jurado Permanente bonaerense. Baqué sostiene que ambos magistrados sabían que un grupo de personas había ingresado a la sala de audiencias con cámaras, trípodes, una computadora y hasta “anteojos espía”, sin acreditación periodística ni autorización judicial. Aun así —según su denuncia— no detuvieron la situación ni dieron aviso formal. Ese material fue utilizado en el documental en el que participó Makintach.
El episodio del 11 de marzo y las presuntas irregularidades
El hecho que motivó las denuncias ocurrió el 11 de marzo, durante una audiencia central del juicio por presunto homicidio simple con dolo eventual. A pesar de que Savarino había rechazado previamente el ingreso de cámaras, las personas involucradas lograron ubicarse en el espacio destinado a la prensa sin pertenecer a ningún medio.
Baqué afirma que ninguno de los jueces actuó frente a esa irregularidad. También cuestiona que Makintach —entonces jueza subrogante— haya quedado al frente del tribunal como si fuera la presidenta natural del debate, situación que considera incompatible con las normas que regulan el funcionamiento de los tribunales orales.
Fundamentos legales del pedido
Para respaldar los pedidos de enjuiciamiento, Baqué invocó el artículo 21 de la Ley 13.661, que contempla sanciones por “negligencia o incompetencia en el ejercicio del cargo”, “incumplimiento de los deberes a su cargo” y conductas alejadas de la austeridad y dignidad exigidas a la Magistratura.
En sus escritos, el abogado sostiene que Savarino y Di Tommaso incurrieron en estas faltas al “permitir maniobras que afectaron la transparencia del proceso” y al incumplir su obligación de garantizar el correcto desarrollo del juicio.
Las denuncias también señalan “graves irregularidades en procedimientos a su cargo”, lo que —según Baqué— podría configurar un apartamiento de la conducta que exige la Constitución para quienes ejercen funciones judiciales.
Un frente que se agrava para Savarino
Savarino enfrenta además otra denuncia, presentada semanas atrás por la propia Makintach. La exjueza lo acusó de falso testimonio agravado por haber declarado en el jury que desconocía la existencia del documental filmado durante el debate oral.
El escenario que se abre
Con la destitución de Makintach ya firme, la atención ahora se centra en Savarino y Di Tommaso. Si el Jurado Permanente decide abrirles un proceso, ambos podrían atravesar las mismas etapas que la magistrada removida: suspensión, juicio político y eventual destitución