Cristian Martín Galván, jefe de la subcomisaría de Lonquimay en La Pampa, ordenó a seis detenidos que cocinaran, sirvieran y limpiaran en su fiesta de casamiento. La Justicia investiga el uso indebido de recursos del Estado y violaciones a los derechos de los presos.
Un hecho insólito y preocupante sacude a la provincia de La Pampa: el comisario Cristian Martín Galván, jefe de la subcomisaría de Lonquimay, está acusado de haber utilizado a seis detenidos como personal de servicio durante su casamiento. Según la investigación judicial, los presos caminaron sin custodia desde la comisaría hasta el salón donde se celebró la boda, prepararon un asado, trabajaron como mozos y limpiaron el lugar. Luego, regresaron a sus celdas por sus propios medios.
El episodio ocurrió el 31 de mayo de 2023, pero tomó estado público esta semana cuando el oficial inspector Galván enfrentó un juicio en el Centro Judicial de Santa Rosa por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“El debate se inició este miércoles. Estuvieron todos los testigos que ofreció la fiscalía, que son policías. Este jueves declararon también los detenidos que participaron del evento”, indicaron fuentes del Ministerio Público Fiscal de La Pampa al diario La Arena.
La investigación, impulsada por el fiscal Guillermo Alberto Sancho, busca determinar si Galván utilizó recursos y personal del Estado con fines privados, además de posibles violaciones a los derechos humanos de los detenidos involucrados. El juez a cargo del proceso es Andrés Aníbal Olié.
Durante el juicio, se presentaron numerosos testimonios, incluidos los de los propios presos que participaron en la fiesta. También declararon familiares de Galván como testigos de la defensa. Tras los alegatos finales, se espera que la sentencia se conozca en los próximos días.
“El delito que se le imputa prevé una pena de entre un mes y dos años de prisión, además de la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo”, explicaron desde el Ministerio Público Fiscal. A esto se suma un sumario administrativo que se tramita en paralelo en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
El caso generó un fuerte repudio en la sociedad pampeana, tanto por el uso indebido de personas privadas de su libertad como por la aparente naturalización de estas prácticas dentro de una institución policial.
Galván, quien aún no ha sido apartado de su cargo de manera definitiva, podría enfrentar consecuencias penales y administrativas si la Justicia considera que incurrió en un abuso de poder y una falta grave a sus deberes como funcionario público.
Fuente: TN