Una medida cautelar dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 11 logró frenar, por el plazo de tres meses, el descuento del Impuesto a las Ganancias sobre los salarios de docentes de Misiones que se veían alcanzados por las modificaciones introducidas en la Ley 27.743.
La resolución judicial fue solicitada por la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y, en el ámbito provincial, comunicada y presentada ante el Consejo General de Educación (CGE) y el Gobierno de Misiones por el Sindicato de Educadores Misiones Alfredo Bravo (Semab-CEA). Gracias a esta acción, desde el sueldo correspondiente a diciembre no se aplicaron retenciones, “beneficiando no solo a docentes afiliados, sino al conjunto del sector docentes”, destacan desde el gremio misionero.
Según explicó Mariana Lescaffete, secretaria general del Semab-CEA, “el punto central del reclamo radica en que el mínimo no imponible del impuesto no se calcula sobre el salario de bolsillo, sino sobre el salario bruto, sin descuentos, lo que provocaba que una amplia franja de trabajadores de la educación quedara alcanzada por el tributo. Entre ellos, maestros de grado con dos cargos, docentes con 42 horas cátedra, directivos jerárquicos con cargo base y supervisores”.
Desde el sector sindical detallaron que la cautelar evitó, al menos de manera provisoria, que estos trabajadores sufran una reducción inmediata de sus ingresos, al considerar el carácter alimentario del salario docente. En ese sentido, la Justicia entendió que la aplicación automática del impuesto, en los términos establecidos por la reforma, podría generar un perjuicio difícil de revertir mientras se sustancia el fondo de la causa.
La medida tiene alcance colectivo y una vigencia máxima de tres meses o hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que ocurra primero. Durante ese período, el Estado Nacional deberá abstenerse de practicar retenciones del Impuesto a las Ganancias sobre conceptos que excedan la base imponible previa a la reforma cuestionada.
Desde el Semab remarcaron que esta decisión judicial representa un alivio para el sector docente y un paso importante en la defensa del salario, al tiempo que anticiparon que continuarán siguiendo de cerca la evolución de la causa y las definiciones que puedan surgir en las próximas semanas.