La validación de las firmas necesarias para convocar en Uruguay a un referendo que pondrá en discusión buena parte de una ley ómnibus eje de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou y la decisión de hacerlo el 27 de marzo promete en el país un verano atípico, atravesado por una campaña en la que parece inevitable que la gestión del Ejecutivo entre en el juego.
La cuestionada Ley de Urgente Consideración (LUC), de 476 artículos, recoge buena parte del programa con el que la coalición de Gobierno ganó las elecciones, pero la Comisión por el Sí se las arregló para reunir, en plena pandemia, más de las 671.544 firmas que se necesitaban para una consulta que pondrá en discusión 135 de esos artículos.
«No tiene nada que ver con una elección de medio término, no tiene que ver con juzgar al Gobierno. Acá no se juzga a un Gobierno en medio de su tarea. Para eso están las elecciones cada cinco años. Eso se hará en octubre de 2024″, remarcó a Télam el extitular de la central obrera PIT-CNT Fernando Pereira.
Del otro lado, el senador oficialista Fernando Penades consideró lo contrario: «Es absolutamente cierto que se va a votar a favor o en contra del Gobierno, y por eso los promotores de la consulta lograron no solo movilizar sus estructuras, sino también elevar el grado de conflictividad sindical, para tratar de generarle al Ejecutivo problemas en la aplicación de sus políticas».
«Quien diga que no, miente», amplió el legislador del Partido Nacional en declaraciones a Télam.
El anuncio de las firmas validadas y la fecha de votación llegó acompañado de una polémica: la Corte Electoral asignó el celeste para las boletas del No y el rosado para las del Si, un punto que la oposición ya impugnó, porque considera que el celeste es identitario del país y no debería ser usado por ninguna de las opciones.
Ese debate lo zanjará la Corte, pero no es la primera vez que se usan esos colores: en el llamado «referendo Ancap» –la petrolera estatal-, la boleta ganadora del Si fue rosada y la perdedora del No fue celeste. Se votaba la derogación de la ley 17.448, que eliminaba el monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo.
Aunque todos suponen que lo central de las campañas por el Sí y por el No vendrá después de las fiestas, las organizaciones enroladas a favor de la derogación de los 135 artículos harán ya el miércoles, en la explanada de la Universidad de la República (Udelar), un acto que fijará los principales ejes de la campaña.
Será una mezcla de festejo por la certificación de las firmas y la fecha ya resuelta y de lanzamiento de campaña a la vez. «Va a ser relevante, porque ahora se precisa un empuje mayor. Ahora es una campaña con fecha real», explicó Pereira.
También la alianza gobernante –los partidos Nacional, Colorado, de la Gente e Independiente y Cabildo Abierto- tiene ya conformado un comando que coordina el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, y que planea actos en 350 pueblos.
«Después del 15 de enero, habrá intensa actividad en todo el territorio nacional. Tendremos que explicar las bondades de la vigencia de estos artículos, para lograr el respaldo popular. Estaremos en ciudades, en pueblos, para que todos estén debidamente informados y voten con responsabilidad», adelantó Penades, que hasta se permitió bromear con la idea de «vacaciones suspendidas» para la dirigencia política.
Por lo pronto, los impulsores de la consulta se adelantaron e imprimieron ya miles de trípticos explicativos, divididos en siete «rubros», varios «en defensa de»: la educación pública, el trabajo y el salario y las empresas públicas.
También llaman a votar Sí «por el derecho a la vivienda», «a la convivencia», «al arraigo en el campo» y «a la transparencia».
Es que para esa treintena de organizaciones, la tarea de campaña debe ser básicamente didáctica: «Si somos capaces de explicar lo regresivo que es la ley, la limitación a las huelgas y la importancia de las huelgas para las conquistas de los trabajadores, que el nuevo régimen de alquileres es absolutamente violento con los inquilinos, el daño a la educación pública por eliminar los consejos de educación primaria y secundaria dejando eso en manos de una sola persona, cómo le quitan peso a la universidad pública, la inclusión financiera…, así construiremos las condiciones para anular la LUC», evaluó Pereira.
El ahora candidato a presidir el opositor Frente Amplio (FA) pidió una tarea proselitista que sea «capilar», de modo que «golpear todos las puertas, porque donde viva un uruguayo, sea en la ciudad, en el campo o en un pequeño pueblo, ahí debe estar la militancia».
«Nuestra militancia deberá estar en las playas, en los parques, en los lugares en los que los uruguayos descansan. No de manera invasiva, pero al mismo tiempo tratando de que la información llegue», afirmó.
El sindicalista confió en que habrá una suerte de «parte B» de las campañas, que pasará por «los debates abiertos», que deben ser temáticos.
Insistió Pereira en que la compulsa no será un plebiscito sobre la gestión de Lacalle Pou, porque esto «tiene que ver con una ley de mala calidad, que quita derechos, que debilita a las empresas públicas, que genera más problemas que soluciones en materia de seguridad».
Rafael Michelini, representante del FA en la Comisión Pro Referendo, también desestimó que se juzgue al Ejecutivo, porque «al otro día, pase lo que pase, va a seguir el gobierno, van a seguir las cámaras, va a seguir todo igual».
El senador Penades, en tanto, le reservó a Lacalle Pou el rol de «jugador fundamental en la defensa de los artículos de ley».
«Y está bien que así lo sea, porque al fin y al cabo está en juego lo que él mismo propuso durante la campaña. Son sus compromisos», expresó, y sobre el debate acerca de si el mandatario puede participar de actos –la Constitución le prohíbe hacer «propaganda política de carácter electoral»- manifestó que «es una polémica equivocada, tanto que hasta los opositores dejaron de insistir sobre eso».
Fuente: Telam