La prioridad es recuperar los terrenos otorgados, anular los convenios firmados y revisar los reconocimientos que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas otorgó a más de 200 comunidades
La actual conducción de Parques Nacionales puso bajo la lupa las cesiones que la gestión anterior otorgó y también el constante soporte logístico a las comunidades por parte de los organismos públicos, a pesar de que algunas ocuparon ilegalmente tierras pertenecientes al Estado.
El gobierno de Javier Milei tiene como prioridad recuperar las tierras otorgadas, anular los convenios firmados y revisar los reconocimientos que el INAI otorgó a más de 200 agrupaciones.
El Gobierno anuló el convenio que Parques Nacionales firmó en 2021 con la fundación que preside Franco García Dellavalle, que contemplaba la entrega de 2 hectáreas en la costa del lago Mascardi. “Un obsequio a los amigos del poder”, denunciaron fuentes del organismo, poco antes de rescindir el contrato.
El vocero presidencial Manuel Adorni fue el encargado de anunciar la anulación del pacto. Sin embargo, no sería el único caso que está bajo la atenta mirada de la nueva conducción de Parques.
Uno de los casos emblema del acompañamiento gubernamental a los usurpadores es el que comenzó en noviembre de 2017 en Villa Mascardi, donde un grupo de 30 personas se instaló hasta 2022 en dos predios pertenecientes a Parques Nacionales. En octubre de ese año, cuando se ejecutó el desalojo de esos lotes y de otras propiedades privadas que también fueron usurpadas, la Policía Federal secuestró tarjetas de planes otorgados por el gobierno nacional.
La Administración de Parques tuvo un rol conciliador con la agrupación mapuche. Incluso, cuando promediaba el conflicto judicial, abandonó la querella en la causa por la ocupación de tierras públicas. La permanencia en la parte acusadora de la ex fiscal federal Sylvia Little sostuvo el expediente y evitó que la causa se caiga. Poco después, por la presión mediática, debió retomar la querella.
En ese entonces el organismo nacional resolvió no presentarse a la instancia de clausura de la instrucción, abandonando el reclamo y permitiendo a los mapuches permanecer en el territorio público.