Misiones presentó un amparo ante la Justicia Federal tras la suspensión de más de 10.000 pensiones no contributivas por auditorías irregulares de la Agencia Nacional de Discapacidad que vulneraron derechos básicos.
En la provincia de Misiones se produjo una suspensión masiva de pensiones no contributivas por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que afectó a más de 10.000 familias. Por eso, el Gobierno provincial anunció la presentación de un amparo ante la justicia federal para detener las auditorías irregulares y frenar las bajas injustificadas. La medida se acompañó con un pronunciamiento unánime de la Cámara de Diputados, donde los legisladores del Frente Renovador respaldaron la decisión de judicializar el conflicto.
Justamente, la Vicegobernación comunicó que “recurrimos a la Justicia Federal para que se suspendan las auditorías irregulares de los beneficiarios de pensiones no contributivas de Misiones. Desde el mes de abril venimos alertando acerca del absoluto incumplimiento del proceso de auditorías por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad”. Así dieron cuenta que se agotó todas las instancias administrativas y de diálogo para rectificar un proceso de auditoría considerado viciado y lesivo para los derechos de los titulares de pensiones.
“Por eso hoy acudimos a la Justicia Federal. Porque no vamos a permitir la vulneración del derecho de ningún misionero, y mucho menos, de quienes estén en situación de vulnerabilidad. Auditorías, sí. Atropellos, no”, expresó el comunicado oficial.
El vicegobernador cuestionó el proceso de auditorías
Al respecto, durante la presentación de la cuarta edición de “Explorando tus derechos”, el vicegobernador Lucas Romero Spinelli expresó “que en Misiones hace varios meses vemos muchos derechos que están siendo vulnerados, especialmente de las personas con discapacidad que reciben el beneficio de atención y no contributivo. Hemos detectado cientos de casos de intimaciones a presentarse que nunca llegan al domicilio, de lugares que no existen, de personas que no van a verificar cuando la gente está, y ni hablar de cientos de personas que ni siquiera están en condiciones de movilizarse”.
Spinelli agregó que “estamos a favor de las auditorías, son necesarias, pero sin vulnerar los derechos de las personas que más nos necesitan”. Con estas palabras, informó, que después de haber agotado todas las instancias durante más de tres meses de trabajo, a través de la licenciada Tatiana Antúnez del Consejo Provincial de Discapacidad, presentaron una acción de amparo. Tal acción solicita “una medida de no innovar para que se vuelva al momento cero de todos aquellos misioneros que han perdido injustamente sus pensiones”.
Denuncias del Consejo Provincial de Discapacidad
En declaraciones a Canal Doce, la coordinadora del Consejo Provincial de Discapacidad, Tatiana Antúnez, dijo que “estas auditorías iniciaron en marzo en Misiones, desde el día uno con procedimientos irregulares, algo que lo denunciamos en múltiples ocasiones ante la Agencia Nacional de Discapacidad. Una de las condiciones mínimas es que llegue la carta documento a sus domicilios, que las personas puedan comunicarse a correos y teléfonos que funcionen. Pero el correo inasistenciapnc@andis.gov.ar sigue colapsado y no pudimos garantizar una sola comunicación con la Agencia”.
Antúnez señaló que “esto sucedió en San Ignacio. Nos enteramos que las auditorías iban a realizarse en un hostel que no estaba en condiciones, lo reclamamos a la Agencia Nacional de Discapacidad, pero avanzaron igual. Hoy constatamos un nivel de irresponsabilidad enorme. Habían personas que eran militantes de la Libertad Avanza, contratadas para acompañar estas auditorías, que no revisaban documentación médica. Decían que no era una auditoría, que era una entrevista, y entregaban un papel que advertía que si no se presentaba la documentación médica en 30 días, podía suspenderse la pensión”.
Más de 10.000 beneficios fueron suspendidos
La funcionaria detalló que tienen un informe de la Agencia Nacional de Discapacidad que confirma que más de 5.700 pensiones fueron suspendidas hasta julio. Posteriormente se recibieron cartas documento en distintas partes de la provincia y estimamos que son unas 10.000 suspensiones. “El motivo que se indica es que las personas no se presentaron a la auditoría, pero lo que decimos es cómo se van a presentar si nunca les llegó la citación”, señaló.