El gobierno de Santa Fe identificó a 73 responsables de falsas amenazas a escuelas, y busca recuperar costos operativos que ascienden hasta 6 millones de pesos por intervención. La medida se basa en 404 denuncias; el 95% de los implicados son menores, por lo que la responsabilidad económica recaerá en sus padres.
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En un intento por frenar la escalada de falsas amenazas de bomba y tiroteos en establecimientos educativos, el Gobierno de Santa Fe anunció que los padres de los alumnos responsables deberán costear de su bolsillo los gastos operativos de las fuerzas de seguridad. Las autoridades estimaron que cada intervención, que moviliza a la policía, bomberos y equipos de emergencia, representa un gasto para el Estado de entre $5 millones y $6 millones, monto que será reclamado mediante intimaciones de pago a los tutores legales.
Hasta el momento, el Ministerio Público de la Acusación ha contabilizado 404 denuncias en lo que va del año. Las investigaciones permitieron identificar a 73 personas vinculadas a estos hechos, de las cuales el 95% son menores de edad. Por esta razón, el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial iniciará expedientes individuales para recuperar el dinero una vez que se compruebe la responsabilidad en cada caso, argumentando que el Estado no puede absorber el costo de movilizar recursos críticos por alarmas que resultan ser inexistentes.
La gravedad de la situación quedó expuesta tras una serie de operativos judiciales que incluyeron 11 allanamientos y 16 requisas domiciliarias. En estos procedimientos, la policía secuestró 51 elementos, entre los que se encontraron teléfonos celulares, municiones, armas blancas y armas de fuego. Estos hallazgos confirman que muchas de las amenazas digitales van acompañadas de la tenencia de elementos peligrosos en los hogares de los estudiantes implicados.
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Esta medida de «tolerancia cero» se da en un escenario de viralización de mensajes y retos en redes sociales que han saturado el sistema de emergencias. Además del reclamo económico, los funcionarios advirtieron que las amenazas constituyen el delito de intimidación pública, lo que puede derivar en serias consecuencias administrativas y judiciales. El objetivo final de la provincia es forzar un control más estricto por parte de los adultos sobre el comportamiento digital de los jóvenes para evitar la reiteración de estos hechos que paralizan la educación.