El evento que desató la polémica consistió en un almuerzo con decenas de excompañeros de Derecho de la Universidad Católica. La comida se llevó a cabo en uno de los salones del histórico edificio neoclásico ubicado en el centro de la capital chilena, lo que encendió el debate sobre el uso de espacios estatales para fines privados.
La situación tomó mayor dimensión cuando varios de los asistentes compartieron imágenes y comentarios en redes sociales, lo que permitió visibilizar la magnitud del encuentro. A partir de allí, legisladores de la oposición decidieron avanzar con una presentación ante la Contraloría para que se investigue si se utilizaron fondos públicos en la organización del almuerzo.
Según trascendió, los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini solicitaron que se aclare la naturaleza de la actividad, la lista de invitados, los costos asociados, el uso de dependencias oficiales, el personal involucrado y si existieron reembolsos por parte del mandatario.
“El Presidente puede juntarse con quien quiera en su vida personal. Lo que no puede hacer es cargarle al Estado una celebración de excompañeros y usar la casa de gobierno como salón social. Los recursos públicos son para servir a Chile, no para financiar camaraderías privadas”, cuestionó Manouchehri