El Gobierno nbacional anunció que presentará nuevas denuncias penales contra las empresas que exploren o exploten hidrocarburos de forma ilegal en la Plataforma Continental Argentina. La medida judicial, impulsada para defender la soberanía nacional, no solo apuntará contra las compañías, sino que individualizará directamente a los directores y gerentes responsables de autorizar dichas operaciones.
El Gobierno nacional profundizó este miércoles la ofensiva judicial contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas y anticipó que también avanzará contra las personas que hayan intervenido en esas actividades. La Casa Rosada advirtió que buscará ampliar procesos ya existentes y abrir nuevas causas penales en el marco de la disputa por la soberanía sobre el archipiélago.
En ese sentido, Javir Milei informó, a través de un comunicado emitido por la Oficina del Presidente, que “se presentarán nuevas denuncias penales contra empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, en violación de las prohibiciones dispuestas por la Ley N.º 26.659”.
La decisión representa un nuevo capítulo de la escalada impulsada por Milei contra las compañías que participan del desarrollo petrolero en las Malvinas. En el comunicado, el Gobierno dejó en claro que la estrategia no se limitará a las sociedades comerciales, sino que apuntará también a quienes ocupan cargos directivos o de responsabilidad dentro de esas empresas. “Las denuncias alcanzarán no sólo a nuevas empresas involucradas, sino que también individualizará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que han intervenido en decisiones vinculadas con dichas actividades”, señala el texto oficial.
Según la Casa Rosada, esta nueva etapa permitirá “tanto la ampliación de procesos judiciales preexistentes como la apertura de otros nuevos”. El Gobierno sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en torno a las Malvinas violan la legislación argentina porque no cuentan con autorización de las autoridades nacionales.
El comunicado agrega el Gobierno “seguirá avanzando en la implementación de aquellas acciones que permitan responsabilizar a todos aquellos que se encuentren violando nuestra soberanía nacional” y remarca que esas medidas “no se limitarán a las personas jurídicas”, sino que alcanzarán a quienes hayan intervenido desde sus cargos y funciones.
Finalmente, la Oficina del Presidente afirmó que “continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos soberanos de la República Argentina y para sancionar a los responsables”.
El marco legal
El argumento se apoya principalmente en la Ley 26.659, sancionada en 2011, que establece las condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina. La norma prohíbe a personas físicas o jurídicas desarrollar esas actividades sin la correspondiente habilitación argentina y también alcanza a quienes tengan participación directa o indirecta en compañías que intervengan en esas operaciones o les presten servicios. La legislación contempla inhabilitaciones de entre 5 y 20 años y prevé además consecuencias penales.
En ese marco, el Gobierno modificó recientemente la estructura de aplicación de la norma. A través del Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, designó al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto como autoridad de aplicación de la Ley 26.659 y dispuso que los organismos de la Administración Pública Nacional informen hechos que pudieran constituir infracciones.
La ofensiva se aceleró durante los últimos días. El 4 de septiembre, la Cancillería había iniciado procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas, según el Gobierno, con actividades hidrocarburíferas en las Malvinas. La medida alcanzó no solamente a las empresas que participan directamente de los proyectos, sino también a accionistas y compañías proveedoras de servicios. Dos días después, el Ejecutivo informó que había sumado 15 sujetos adicionales a esos procedimientos, llevando el número de involucrados bajo investigación administrativa a 60.
Paralelamente, el Gobierno ya había dado un paso judicial contra empresas vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion, que se desarrolla en la Cuenca Malvinas Norte. El 7 de septiembre, el canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, presentó una denuncia penal contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
El caso Sea Lion
El proyecto Sea Lion es uno de los principales puntos de conflicto. Está liderado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, que tiene el 35% restante. Las compañías avanzan con un desarrollo offshore que prevé comenzar la producción en 2028. La primera etapa contempla una capacidad de producción de alrededor de 55.000 barriles diarios.
Las empresas, por su parte, sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y respaldo británico para desarrollar el proyecto, mientras que Argentina considera que esas autorizaciones carecen de validez frente a su legislación y su reclamo de soberanía.
La disputa por el petróleo de las Malvinas fue colocada nuevamente en el centro de la agenda por Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre, cuando anunció nuevas medidas contra el proyecto Sea Lion y vinculó la explotación de los recursos naturales del archipiélago con la defensa de la soberanía argentina