Los voceros de la Casa Rosada confían en que la última precisión del máximo tribunal descomprimirá la tensión política. La estrategia parlamentaria apunta a ofrecer una discusión por separado para evitar que la oposición sume voluntades contra el decreto general.
El Gobierno nacional busca reordenar su estrategia legislativa en la Cámara de Diputados luego de la última aclaración de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. En los despachos de la Casa Rosada admiten que el primer fallo del tribunal generó un dolor de cabeza importante, pero confían en que la precisión posterior despejó el frente político y permite separar esa discusión del debate por el DNU 70/2023.
Fuentes del oficialismo en Balcarce 50 reconocieron el impacto inicial del pronunciamiento judicial: “La aclaración de la Corte puede ayudar para descomprimir en general. El fallo nos generó un quilombo grande”. El máximo tribunal aclaró que su sentencia no resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 154 del mega decreto, sino sobre la legitimación del Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata para impulsar la causa, lo que dejó abierta la posibilidad de nuevos planteos.
La conducción parlamentaria del oficialismo analiza el nuevo escenario con optimismo y busca tender puentes con los bloques dialoguistas. Para los armadores de La Libertad Avanza, la resolución del tribunal marca un límite que facilita las conversaciones en el Congreso: “Deja en claro que no tiene que ver una cosa con la otra”.
La estrategia para blindar el decreto
La intención del Poder Ejecutivo es otorgar un tratamiento legislativo propio al régimen de tierras rurales para evitar que la oposición aglutine una mayoría en contra del decreto completo el próximo 15 de octubre. En ese sentido, los operadores de la Casa Rosada evalúan aceptar modificaciones o límites a la compra de campos por parte de extranjeros si eso garantiza salvar el resto de las reformas. Un vocero gubernamental resumió la táctica oficial: “Si lo logramos ordenar, les solucionamos el conflicto a los dialoguistas”.
El objetivo central ya no es sostener a rajatabla la desregulación total de la propiedad rural, sino desactivar el principal argumento de rechazo que unifica a los sectores críticos. Con el Senado habiendo rechazado el DNU en marzo de este año, los legisladores del oficialismo saben que un revés en la Cámara Baja dejaría sin efecto la norma de manera definitiva, por lo que apuestan a que la aclaración de la Corte actúe como un dique de contención en las negociaciones de los próximos días.