Los sectores público y privado deben trabajar en forma conjunta para garantizar un desarrollo sostenible, uno de los objetivos planteados por la Ley Yolanda de planes de capacitación a funcionarios, coincidieron referentes de las áreas productivas, científico-académicas y públicas.
«Con especial énfasis en cambio climático y desarrollo sostenible, la capacitación (prevista en la ley) busca interpelar las formas de intervenir desde las políticas públicas desarrollando capacidades para la toma de decisiones informadas y ambientalmente responsables», explicaron a Télam desde el Ministerio de Ambiente de la Nación.
La Ley Yolanda -sancionada a fines de 2020- está destinada a todas y todos los funcionarios y empleados que se desempeñan en la función pública del Estado Nacional, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Para garantizar su cumplimiento, indicaron las fuentes, la cartera que conduce Juan Cabandié -como autoridad de aplicación- es responsable de «capacitar a las máximas autoridades nacionales y de certificar la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo».
«Nos encontramos terminando el proceso de consulta para la construcción de los lineamientos generales, con una amplia participación y validación de las instituciones científico académicas y de organizaciones de la sociedad civil que realizaron sus aportes y sugerencias desde sus singulares trayectorias y perspectivas consolidando el documento de base que guiará a las diversas capacitaciones que se realicen», completaron.
En ese sentido, esta semana representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresaron a Cabandié su preocupación sobre los «ejes epistemológicos» presentados por la cartera para implementar la norma.
«Meter al ambiente en los negocios no es un costo mayor sino diferente, que se comparte entre lo público y lo privado, y cambia la lógica del sistema productivo»DANIEL TOMASINI