Más de 500 líderes sociales y alrededor de 250 excombatientes desmovilizados fueron asesinados en los últimos cuatro años en Colombia, desde el acuerdo de paz que el Estado firmó con la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en noviembre de 2016, un hito que prometía terminar con seis décadas de violencia pero que en todo este tiempo devino en parte en letra muerta frente a muchas decisiones del Gobierno de Iván Duque, aplicado discípulo del polémico Álvaro Uribe.
El país cafetero, jaqueado además como todo el planeta por la pandemia de coronavirus, que ha causado más de 57.000 muertes sobre 2,2 millones de casos -según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)-, enfrenta conflictos internos protagonizados por grupos criminales dedicados al narcotráfico, paramilitares y exguerrilleros que abandonaron el acuerdo de paz, que disputan a sangre y fuego un vasto territorio.
La pregunta que se impone es: ¿La violencia sin techo que sufre el país es consecuencia del acuerdo de paz? O en todo caso, ¿el acuerdo de paz se está cumpliendo parcial o totalmente?
Duque se ha distanciado más de una vez del acuerdo de paz, la última vez en una entrevista con el diario español El País en diciembre pasado: «La idea mía de paz con legalidad es un concepto que no está atado al antes o al después del proceso. La realidad es que tenemos un grupo muy importante de personas en proceso de reincorporación y nos hemos concentrado en que este proceso salga bien».
El mandatario también se quito responsabilidad sobre el aumento de violencia en el país:
«Hemos ido construyendo seguridad en el territorio y también aparato judicial. Hoy podemos decir que este año vamos a cerrar con la menor tasa de homicidios en 46 años. El año pasado tuvimos la tercera menor tasa en 44 años», aseguró y aclaró: «Los asesinatos de líderes sociales no son algo que haya empezado a ocurrir en mi Gobierno, viene de atrás y más atrás.»
Pero la descripción hecha por defensores de derechos humanos y activistas sociales consultados por Télam es muy diferente.
«El Estado colombiano tiene una deuda histórica con las regiones más abandonadas y alejadas del país: Chocó, Sur de Bolívar, suroccidente colombiano, Catatumbo, Nordeste de Antioquia, zonas del Amazonas, entre otras, que concentran la mayoría de los pueblos indígenas, afros, campesinos y ambientalistas que están en permanente trabajo organizativo para exigir sus derechos», retrató a Télam Jimmy Moreno, vocero del Congreso de los pueblos, un conglomerado de izquierda que agrupa a diferentes actores sociales, la mayoría castigados por el conflicto.
Julio César Hincapie Betancourth, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), apuntó directamente sus dardos hacia el gobierno de Duque, al que responsabilizó de implementar una «política negacionista del conflicto» primero, para terminar luego garantizando el funcionamiento de «una horrenda democracia narcotraficante».
Para el dirigente, el rechazo al acuerdo de paz en el plebiscito de octubre de 2016 y la posterior elección de Duque demostraron que «aún hay cerca de 10 millones de personas que apoyan a Uribe, esa ultradercha genocida que hay en Colombia».
«El Estado se quedó sin argumentos: antes los mataba porque eran guerrilleros; después, porque son narcotraficantes…»
JULIO CÉSAR HINCAPIE BETANCOURTH
En tanto, Lourdes Castro, del Programa Somos Defensores, un espacio de más de 20 años que trabaja para resguardar las condiciones de seguridad de líderes sociales, advirtió que el principal problema del acuerdo de paz hoy es que las autoridades no impulsan su cumplimiento.
«De los principales puntos que establece el acuerdo, los que mayor desarrollo han tenido son los que tuvieron que ver con el desarme y la reincorporación de las FARC a la vida civil y las medidas de verificación» del pacto, explicó la especialista.
Castro apuntó como «deficientes o nulas» otras directrices como «la reforma natural integral» que intentaba atender los reclamos históricos que dieron origen a la insurgencia en 1964, así como el hecho de que «no se avanzó en la adjudicación de tierras a campesinos ni en la sustitución de cultivos ilícitos por otros lícitos para que esas comunidades mantuvieran su fuente de ingreso. El Gobierno sólo implementó un programa de erradicación forzada de cultivos y nada más».
Fuente: Telam