La nueva Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, electa en los comicios de diciembre pasado, asumió este martes e inauguró sus sesiones con una amplia mayoría de legisladores chavistas, aunque en paralelo la oposición ratificó la continuidad del anterior parlamento al que define como legítimo representante del país.
Con una ofrenda floral e imágenes en recuerdo de Simón Bolívar y Hugo Chávez, los diputados afines al Gobierno de Nicolás Maduro iniciaron la ceremonia con la que tomaron posesión del órgano legislativo, informó el diario El Universal.El número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello y la esposa de Maduro, Cilia Flores, forman parte de la terna de diputados, entre los que también destaca el exministro Jorge Rodríguez.
La mayoría chavista designó presidente de la AN al exministro Jorge Rodríguez y vicepresidentes primera y segundo a la exministra Iris Varela y el exgobernador Didalco Bolívar, en tanto el número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, capitán Diosdado Cabello, quedó como jefe de la bancada oficialista.
«Estamos aquí por mandato del libro del pueblo, porque una democracia está sustentada en el cuerpo de leyes, porque no hay democracia si no se respetan las normas», indicó Rodríguez tras su jura junto a una Constitución.
«Estamos aquí para la reconciliación política, pero sin olvido, sin impunidad. Enfrentamos crímenes que quisieron acabar con nuestro territorio y el pueblo», añadió en un mensaje destinado a la oposición.
El Gobierno reivindica que estos nuevos diputados son los legítimos legisladores para esta nueva etapa (2021-2025), con la que el chavismo retoma el control de la Asamblea Nacional tras cinco años.
«Tengo inmensa fe en la nueva Asamblea Nacional, en sus diputadas y diputados. Juntos daremos un gran salto hacia la recuperación de la economía, la reconciliación y la defensa de la Paz nacional», escribió Maduro en su cuenta de Twitter.En paralelo y en un lugar alternativo, el sector más grande de la oposición, liderado por Juan Guaidó, el dirigente que decenas de países en el mundo siguen considerando como «el presidente interino» del país, entre ellos Estados Unidos, oficializó la continuidad del parlamento saliente.
«Estamos aquí de pie», dijo Guaidó al tomar la palabra, en un discurso con el que apeló a la «institucionalidad» y defendió que su sector representa a una «mayoría» frente a Maduro, según reprodujo la agencia Europa Press.
«Mientras la dictadura intenta generar terror y militariza el Parlamento, estaremos instalando el nuevo periodo de la legítima Asamblea Nacional», insistió y habló de una «continuidad constitucional» como única alternativa a la «situación atípica» que atraviesa el país.
«Al no haber diputados legítimamente electos para este nuevo periodo legislativo, corresponde al Parlamento electo en 2015 seguir en funciones hasta que haya una elección válida», argumentó tras denunciar que, antes del acto, «esbirros de la dictadura» mantuvieron vigilada su residencia.
Las elecciones del 6 de diciembre pasado fueron boicoteadas por el sector liderado por Guaidó, lo que facilitó una amplia victoria del PSUV y sus aliados, que ocuparán 256 de los 277 escaños del parlamento unicameral.
Los comicios dejaron, además, otro resultado significativo: cerca del 70% del padrón electoral no votó.
El sector de Guaidó como sus aliados en el exterior no reconocieron la legalidad de las elecciones: para el primero fue «un fraude» y para los segundos no se cumplieron las garantías mínimas para una competencia electoral justa.
A partir de esto, Guaidó y el sector que lo apoya aprobó el día después de Navidad la «continuidad» de la vieja Asamblea Nacional opositora mientras no se realicen elecciones presidenciales y legislativas «libres, justas y verificables».»La continuidad constitucional del Parlamento no es un capricho, es un deber al no haber existido una elección», justificó Guaidó en un video que divulgó en redes sociales.El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un poder compuesto por jueces aliados al Gobierno de Maduro, anuló esta resolución del parlamento saliente por lo que, a los ojos del Estado venezolano, los legisladores con mandato vencido ya no tienen ningún rol institucional en el país.
Pero en la batalla por el relato, en Venezuela ya está todo listo para reeditar la pulseada de dos poderes legislativos en pugna que dominó los últimos años entre la entonces AN de mayoría opositora y la Asamblea Nacional Constituyente de mayoría chavista que convocó y disolvió el Gobierno de Maduro.
En medio de esta disputa, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció hoy que el país sufrió un «ataque» contra el sistema eléctrico que provocó fallos eléctricos en varios puntos del país.
En un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter, Rodríguez aseveró que el apagón afectó a Caracas y otros estados del país, y aseguró que las autoridades investigan las causas y la autoría de lo ocurrido.
La breve historia del conflicto de poderes y los organismos paralelos en Venezuela
Esa historia tiene su origen el 6 de diciembre de 2015, cuando la oposición ganó holgadamente las elecciones parlamentarias y el chavismo perdió el control de uno de los cinco poderes de la república por primera vez desde su acceso al gobierno en 1999.
A poco de asumir esa AN, el 5 de enero de 2016, el chavismo se valió de su control sobre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para neutralizar el resultado de la labor parlamentaria.
Primero, el TSJ objetó el resultado de la elección en el estado Amazonas, lo que dejó a la oposición sin una de las mayoría calificadas necesarias para aprobar ciertos tipos de leyes, luego invalidó cada una de las normas sancionadas que no eran del agrado del oficialismo y finalmente declaró nula toda la tarea de la AN.
El 4 de agosto de 2017 se instaló una Asamblea Nacional Constitiyente (ANC) integrada exclusivamente por chavistas y elegida cinco días antes en elecciones a las que no concurrió la oposición por considerar que la convocatoria fue inconstitucional.
La ANC, que quedó disuelta a fines de diciembre pasado sin proponer reformas a la carta magna, se declaró jerárquicamente por encima de todos los poderes de la república y sancionó leyes y designó funcionarios -como el fiscal general, Tarek Saab- que, según la Constitución, deben ser nombrados por la AN.
El 20 de mayo de 2018 se celebraron -con siete meses de anticipación- elecciones presidenciales a las que la mayoría de la oposición no concurrió por entender que no había garantías de imparcialidad y en las que Maduro fue reelecto.
El 10 de enero de 2019 Maduro asumió su nuevo período de gobierno, que fue desconocido por la oposición y por varios países. Trece días después, la AN invocó ciertos artículos de la Constitución y tomó juramento a su presidente, Juan Guaidó, como mandatario encargado de la república.
Aunque nunca pudo cumplir su agenda -cese del gobierno de Maduro, gobierno de transición y elecciones libres-, Guaidó llevó adelante una suerte de gobierno paralelo que incluyó el nombramiento de ministros (llamados «comisionados») y embajadores, la administración de fondos del Estado venezolano depositados en países extranjeros y el reconocimiento de 59 países, con Estados Unidos a la cabeza, y varios bloques y organismos internacionales.
Mientras tanto, la ANC quitó la inmunidad a decenas de legisladores, varios de los cuales fueron encarcelados -lo mismo que otros colaboradores cercanos de Guaidó-, se refugiaron en embajadas o directamente marcharon al exilio.
El 30 de abril de 2019 se produjo un intento fallido de derrocar a Maduro con participación de civiles y militares, que nunca fue totalmente aclarado pese a que supuestamente habían intervenido en la conspiración altos funcionarios chavistas, como el presidente del TSJ, Maikel Moreno, y el poderoso ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
A fines de 2019, la oposición denunció la «operación Alacrán», a través de la cual, supuestamente, el chavismo había comprado las voluntades de un grupo de diputados opositores para evitar la reelección de Guaidó como presidente de la AN en 2020.
El 5 de enero de 2020, un grupo de diputados opositores, sin quórum, nombró presidente de la AN a Luis Parra -uno de los apuntados- mientras la mayoría del sector, con número suficiente y en una sesión televisada en directo, reeligió a Guaidó.
En los meses siguientes, el TSJ intervino a varios partidos opositores -incluidos antiguos aliados del chavismo, como Patria Para Todos (PPT) y Podemos- y puso al frente de ellos a dirigentes afines.
En ese contexto Venezuela llegó a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre pasado, en las que el chavismo triunfó ampliamente y se aseguró todas las mayorías constitucionales, y a las que solo concurrió un sector minoritario de la oposición, cuya mayoría pretende ahora prolongar un mandato legislativo que difícilmente tenga efectos prácticos.
Seis países americanos no reconocen al nuevo parlamento de Venezuela
La posición de Brasil, país que tiene frontera con Venezuela, fue expuesta por el canciller brasileño, Ernesto Araújo, en su cuenta de Twitter.
«Ante la pretensión de (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro de instalar una nueva Asamblea con base en la farsa electoral de diciembre pasado, el gobierno brasileño reitera su reconocimiento a la AN legítimamente electa en 2015 y su compromiso con las fuerzas democráticas de Venezuela», afirmó Araújo.
Para Araújo, prorrogar los mandatos de la AN de 2015 presidida por Guaidó tiene amparo en la Constitución y en la «suprema corte legítima y se justifica frente al irrespeto del régimen de Maduro hacia la leyes electorales, el estado de derecho, las libertades fundamentales y la dignidad de su pueblo».
El canciller de Brasil agregó que seguirá trabajando con «la actual legislatura y el presidente encargado Juan Guaidó» y pidió nuevas elecciones presidenciales y legislativas «transparentes».
En tanto, el canciller canadiense, François-Philippe Champagne, dijo en Twitter que «como las elecciones del 6 de diciembre no fueron libres ni justas, Canadá continuará reconociendo a la AN elegida democráticamente en 2015 como legislatura legítima de Venezuela y a su presidente como presidente interino» de la república.
Su colega de Chile, Andrés Allamand, afirmó, también a través de Twitter, que la AN «instalada por la dictadura de Maduro carece de legitimidad por su origen fraudulento» y remarcó que su país «reconoce la comisión delegada presidida por Juan Guaidó», en alusión al órgano de conducción con que supuestamente funcionará el parlamento anterior con mandato prorrogado por la mayoría opositora.
Colombia, en un comunicado de su cancillería, sostuvo que las elecciones parlamentarias carecieron de «las mínimas garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades y justicia», y ratificó su reconocimiento a «la legítima AN elegida en diciembre de 2015, así como al presidente interino Juan Guaidó», según la agencia de noticias ANSA.
«Consideramos ilegítimo» al parlamento que asumió hoy «y no lo reconoceremos ni a él ni a sus pronunciamientos» pues «el presidente Guaidó y la AN (anterior) son los únicos representantes democráticos del pueblo venezolano reconocidos por la comunidad internacional», dijo el secretario de Estados de Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado, según la agencia Europa Press.
Por su parte, el gobierno de Uruguay dijo en un comunicado que «no reconoce la legitimidad de la AN» instalada hoy porque «es el resultado de un acto electoral realizado sin las mínimas garantías de transparencia, inclusión y verificación».
La nota, publicada en el sitio web de la cancillería, subrayó que los comicios del 6 de diciembre «no fueron llevados a cabo de conformidad con los principios y valores democráticos, al no existir garantías para la participación libre y en igualdad de condiciones de los grupos de la oposición».
Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y Uruguay son parte de los 59 países que desconocen el mandato actual de Maduro por considerar que surgió de elecciones irregulares, la mayoría de los cuales ya había anticipado su desconocimiento de los comicios parlamentarios.
Sin embargo, varios de ellos -incluida la Unión Europea en bloque- aún no decidieron si avalarán la prórroga del mandato de los legisladores salientes, resuelta por la mayoría opositora de la AN a fines de diciembre y declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).