Basterra estima que los productores se irán desprendiendo de su producción en los próximos meses

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El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, afirmó que a partir de que se «despejaron variables que generan incertidumbre» en el mercado cambiario comenzaron a verse movimientos de ventas de granos que «estaban paradas», y estimó que en los próximos dos meses los productores irán «progresivamente desprendiéndose» de su producción.

En un reportaje con Télam, Basterra destacó además que el sistema de compensación de retenciones para pequeños productores de soja, apunta a «darle competitividad» a los sectores que «no tienen las escalas que tienen las grandes empresas».

A continuación los principales tramos del reportaje con esta agencia:

Télam:- ¿Qué impacto va a tener en los pequeños productores de soja y en cuánto los ayuda el nuevo sistema de compensaciones?
Luis Basterra: Con esta compensación lo que se hace es devolver el equivalente a determinados puntos de retención. Cuando se cerró la campaña al 31 de julio, que fue el momento donde se definieron los rendimientos y los montos, se definió que un productor de 1 a 100 hectáreas (has) va a tener por cada tonelada entregada una retribución de $ 1.543. Si uno lo considera sobre el valor de lo que se pagaba en julio esto equivaldría a un 7% de disminución de los derechos de exportación (que en la actualidad se ubica en 33%). Es decir que es como si el sistema lo hubiese cobrado a las exportaciones a un 26%. Si es el caso de 100 a 200 has la retribución es de $ 1.100; de 200 a 300 has es de $ 661; y en el caso de 300 a 400 has es de $ 441. Esto lleva a que en el límite de habilitación de un productor de 400 has que tuvo un rendimiento de 2,9 toneladas por hectárea son alrededor de $500.000 que puede recibir. Esto es para los productores que están en la región núcleo.

Para los que están fuera de 0 a 100 has la retribución es de $2.205; de 100 a 200 has es de $1543; de 200 a 300 has de $882; y de 300 a 400 has es de $661. Esto es así porque tienen menores rendimientos y, además, están más lejos del puerto.

Esto apunta a darle competitividad a los sistemas de commodities que no tienen las escalas que tienen las grandes empresas.

Basterra estimó que en los próximos dos meses los productores irán «progresivamente desprendiéndose» de su producción.

T:- Usted dijo que la baja de retenciones temporales a la soja no dio los resultados que esperaban en la venta de granos, ¿Por qué?
LB:.- Se dio parcialmente. Los que aprovecharon la baja de los DEX fueron los industriales y lograron exportaciones por más de US$ 1.700 millones. Nuestro objetivo original era lograr que se alcancen los US$ 3.000 millones en tres meses, es decir, que todavía el horizonte está a la vista. No obstante, quienes llevaron a cabo estas ventas fueron los industriales y no los productores. Éstos siguen reteniendo el grano y, en alguna medida, es comprensible porque se conjugaron dos factores: la soja empezó un movimiento alcista de US$ 315 a US$ 400, con lo cual la tendencia a la venta es muy baja cuando el valor de un producto esta en alza. Y el segundo elemento fue esta corrida del dólar ilegal que generó una expectativa de devaluación, algo que desde el primer momento hemos dicho que no iba a suceder, sino que se iba a continuar con el modelo de devaluación progresiva vinculada con el proceso inflacionario.

De esta forma el productor durante octubre estuvo en una actitud comprensible de quedarse fijo en un producto que se cotiza en dólares que estaba en aumento y que, además, estábamos en un escenario de variables de incertidumbre. Lo que ha ocurrido en estos días fue pasar de estar por encima del 100% el dólar ilegal respecto de la cotización del Mercado Único de Cambios al 60%, y esto marca que hay una férrea decisión de sostener la política monetaria y cambiaria y empieza a despejarnos una variable que genera incertidumbre. En consecuencia, ya se empiezan a ver movimientos de ventas de granos que estaban paradas. Nosotros creemos que en los próximos dos meses vamos a tener buenos resultados, donde no sólo la industria va a liquidar sino que también los productores van a ir progresivamente desprendiéndose de los granos.

T:.- En los últimos tiempos, las críticas de algunos sectores del campo fue creciendo respecto de la política agropecuaria del Gobierno, también respecto de cuestiones contra la propiedad privada, como en el caso Etchevehere, o contra la producción. ¿Cuál es la visión y relación del Gobierno con el sector?
LB.- Nosotros no vemos ningún elemento que fundamente ese debate. Cuando plantean el debate por la propiedad privada no entendemos cuál es la motivación si ésta es una garantía constitucional y nosotros somos los principales defensores de la Constitución. El último gobierno -en referencia a la presidencia de Mauricio Macri- ha sido un violador sistemático de las garantías y nos reclaman a nosotros institucionalidad y constitucionalidad. En realidad, nosotros consideramos que una usurpación es un delito. La rotura de un silobolsas también. Lo que ocurre es que la motivación que tienen algunos individuos dentro del sector es de promover una grieta porque tienen otros intereses que no son que le vaya bien al campo sino prosperar en el campo de discusión política. Ese debate lo damos cuando quieran, pero hablemos con franqueza con los elementos que hay que discutir.El proyecto de la UTT para el acceso a la tierra «tiene un abordaje innovador»
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, consideró que el proyecto de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) para el acceso a la tierra para agricultores familiares a través de créditos blandos «tiene un abordaje innovador», y calificó como una de las problemáticas principales del sector que «hoy se disputa el recurso suelo con la inversión inmobiliaria», lo cual encarece costos.

Asimismo, planteó que los programas impulsados por el Estado Nacional en la inversión planeada por $12.000 millones para el sector «vienen muy bien», y que «están funcionando pese a la pandemia» de coronavirus.

Respecto del proyecto presentado por la UTT en el Congreso semanas atrás, Basterra opinó que el mismo «tiene un abordaje innovador, dado que prevé el financiamiento de acceso a lotes para aquellas familias productoras que tienen limitaciones en la superficie propia, o que trabajan bajo arrendamiento».

Este proyecto, del cual Basterra fue coautor en su días de legislador nacional, fue presentado en 2016 y 2018 y nuevamente este año tras perder estado parlamentario las veces anteriores.

El escrito estipula la creación de un fideicomiso en manos del Banco Nación, que entregue créditos blandos a agricultores familiares para poder comprar lotes, en promedio, de 2,5 hectáreas.

Para Basterra, «la problemática, sobre todo de las familias de los conurbanos, es que hoy se disputa el recurso suelo con la inversión inmobiliaria. Esto va generando una presión sobre los valores de alquiler o de las tierras».

«Este fenómeno se viene dando durante años y ahora se vio acelerado. Este es un muy buen modelo, no es el único, pero sí es una buena aproximación a dar respuesta a un segmento de productores que están muy vinculados al mercado», agregó.

Asimismo, subrayó que «en paralelo, nosotros estamos trabajando en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf) para la identificación de las familias de la agricultura familiar. Hay familias que no necesitan más tierras y otras que sí, y esto lo estamos trabajando con el Ministerio de Hábitat, con Jefatura de Gabinete, con la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABBE), Desarrollo Social, donde, entre otras cosas, está el banco de tierras».

En este sentido, remarcó que se está realizando un relevamiento para ver si esa disponibilidad de tierras «se encuentra con la demanda que tienen determinados sectores de la agricultura familiar de acceso a la tierra, y de ahí se están analizando distintos modelos. Hay un modelo de compra, pero también de comodato», explicó.

Respecto de los programas nacionales para el sector, que contemplan inversiones por $12.000 millones, aseguró que «están funcionando pese a la pandemia», y que «hay una muy buena actividad en territorio».

«Por caso, el Plan de Acceso al Agua ha tenido 15.000 inscripciones. Se está cerrando el circuito administrativo para la transferencia de recursos; en el Plan de Mujeres Rurales ya está habilitada la inscripción de proyectos y están siendo evaluados los proyectos para la compra de bienes de capital».

«Hay una cantidad de proyectos de promoción de cultivos de cercanía para el aprovisionamiento de los mercados locales», citó entre algunos casos Basterra.

«Es un área muy dinámica y activa. No son fábricas de millones de dólares, sino cientos de miles de personas que van encontrando la oportunidad de tener una calidad de vida digna a partir del trabajo de la tierra y con el compromiso de ser proveedores de alimentos», concluyó al respecto.
Ley de Incentivo
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, sostuvo que la «letra fina» del proyecto de Ley de incentivo para el sector agroindustria se trabajará en conjunto con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) «en los próximos dos meses», y aseguró que ya se definieron «muchos puntos positivos para dar más eficiencia a lo que es el comercio exterior».

«El CAA tiene un gran valor que es el haber generado lineamientos de coincidencia. Bajo ese paraguas empiezan a definirse cuestiones concretas en base a incrementar las exportaciones y el trabajo de manera inclusiva y federal sin generar déficit fiscal», dijo Basterra a Télam.

«Con estas pautas estamos todos los integrantes (tanto públicos como privados) de acuerdo», agregó.

El último miércoles el gabinete económico nacional, encabezado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo una nueva reunión con representantes del CAA donde se definió como objetivo el envío de un proyecto de ley de incentivo para el sector, junto con el plan plurianual de estabilidad fiscal.

En este sentido, Basterra indicó que «la letra fina» del proyecto «se va a trabajar en los próximos dos meses», de forma tal de «tener dos instrumentos: uno de una política macro y otro de una política sectorial específica».

«Adicionalmente, de una manera concreta y a corto plazo, se está trabajando en una comisión que ya definió muchos puntos positivos para dar más eficiencia a lo que es el comercio exterior. Esto es revisar todos los procesos que generan ineficiencias y costos que, en muchos casos, hacen perder rentabilidad y competitividad», concluyó.

Fuente: Telam

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