El proyecto, conocido como “ley de dosimetría”, introduce modificaciones en la forma en que se calculan las condenas para delitos considerados antidemocráticos. En términos concretos, la norma establece que no podrán sumarse ciertas figuras penales —como la abolición violenta del Estado de Derecho y el intento de golpe— y que se aplicará únicamente la pena correspondiente al delito más grave, con un aumento proporcional.
Además, contempla reducciones significativas para quienes hayan participado en hechos de este tipo sin haber tenido un rol de liderazgo ni haber financiado las acciones. En esos casos, la pena podría disminuir entre un tercio y dos tercios, especialmente si los delitos fueron cometidos en contextos de movilizaciones masivas.