El Consejo de la Magistratura aprobará el jueves próximo las ternas con consenso de candidatos a magistrados para girar al Poder Ejecutivo, e intentará definir las autoridades de las comisiones trabadas por las internas entre los consejeros más afines a la oposición.
El pedido de aprobar las ternas con acuerdo, sin disidencias de los consejeros, fue hecho por el mismo presidente de la Corte, y desde abril también titular del Consejo, Horacio Rosatti, para cumplir con el objetivo de dinamizar el organismo que selecciona y remueve jueces.
El jueves último los 19 consejeros y Rosatti discutieron largamente las ternas que se aprobarían en la reunión plenaria de este jueves y, más que acuerdo sobre qué ternas aprobarían, definieron qué ternas no se votarán.
Básicamente, quedará afuera del plenario todo aquello que tiene que ver con los cargos en la Justicia Federal en Comodoro Py, y especialmente el concurso que busca reemplazar a los camaristas de traslado, declarados «provisorios» por la misma Corte, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
Un fallo polémico
Ambos camaristas vienen de firmar la semana pasada un fallo controversial que ordenó a la jueza María Servini volver a fundamentar el cierre del expediente que investigó el atentado a la Superintendencia de Seguridad Federal en 1976, que la jueza había declarado prescripto.
Además, el mismo fallo sugiere la posibilidad de considerar el episodio como de «lesa humanidad», igualando el accionar de la organización civil político-militar «Montoneros» con el terrorismo de Estado implementado a partir de 1976 y hasta la recuperación de la democracia en 1983.
Lo que se aprobaría
Quitando los ternas sin acuerdo, el Consejo estaría en condiciones de aprobar candidatos y candidatas en unas 10 vacantes, principalmente en el interior del país, para ya trasladar al Ejecutivo la elección y cerrar su participación en el trámite constitucional complejo que implica elegir un magistrado.
El pedido de Rosatti encontró algunas resistencias, sobre todo en los consejeros que ingresaron cuando la Corte dispuso aumentar el número de integrantes de 13 a 20.
Los nuevos consejeros, como la representante de los abogados Jimena de la Torre o la jueza Agustina Díaz Cordero, plantearon que no estaban al tanto de los concursos que se pretenden aprobar y que por tanto debían volver a comisión, propuesta que se rechazó.
Pero las ternas discutidas no son el principal escollo del Consejo para mostrar más y mejores resultados, sino la discusión en torno a las autoridades de las comisiones.
A partir de abril, el Consejo pasó a tener cinco comisiones: «Selección», «Acusación», «Disciplina», «Administración» y «Reglamentación», que según usos y costumbres sus autoridades deben repartirse equitativamente entre los bloques del oficialismo y la oposición.
En el oficialismo no hay mayor conflicto en quiénes serían designados pero sí en la oposición donde se disputan los cargos a repartir, esencialmente entre los consejeros que entraron en abril y los que venían de mandatos anteriores.
Para presidir la comisión de «Selección», que convoca y organiza los concursos, se anotaron los jueces Ricardo Recondo pero también Díaz Cordero, ambos del espacio opositor al Gobierno.
Otro de los conflictos está dado en la comisión de «Acusación», que aspira a presidir el diputado del bloque PRO Pablo Tonelli, aunque también pretende a ese cargo la diputada radical Roxana Reyes.
«La oposición está un poco desordenada», comentan no sin malicia en el espectro oficialista del Consejo.
Tonelli, consultado por Télam, no está de acuerdo con esta mirada y sostiene que hasta el jueves se buscarán acuerdos y que, si no se alcanzan, mandarán los votos.
Además de resolver el tema de las comisiones, central para tener un funcionamiento pleno del organismo, se intentará aprobar una «comisión de giro», responsable de analizar las denuncias contra los magistrados.
En principio, según acordaron el jueves pasado en la reunión de coordinación o labor, dicha comisión estará integrada por los presidentes de «Disciplina» y «Acusación», y la eventual intervención de cualquiera de los vicepresidentes en caso de empate.
Pero, de nuevo, la comisión de giro no podrá funcionar hasta tanto no se definan las autoridades de «Disciplina» y «Acusación».