El fiscal federal determinó que las pruebas no alcanzan para sostener un incremento patrimonial injustificado durante la función pública. Sin embargo, solicitó derivar la causa a la Justicia Penal Económica tras detectar inconsistencias con criptomonedas y dólares en efectivo.
La causa judicial que involucra al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, tomó un nuevo rumbo en los tribunales federales. El fiscal federal Gerardo Pollicita consideró que no existen elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito durante su paso por el Gobierno, pero solicitó que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico para determinar si cometió delitos tributarios.
El dictamen del representante del Ministerio Público se conoció luego de analizar los descargos presentados por el exfuncionario, quien justificó gran parte de su patrimonio en operaciones financieras previas a la función pública. Según la evaluación de la fiscalía, el material probatorio reunido no permite descartar esa hipótesis ni probar un incremento injustificado en sus bienes entre diciembre de 2023 y junio de 2026.
Sin embargo, el planteo de Pollicita no significa el sobreseimiento definitivo del exjefe de Gabinete. Los investigadores detectaron indicios de presuntas irregularidades en la declaración de sus ingresos, el manejo de dólares en efectivo y las transacciones con criptomonedas, aspectos que ahora deberá resolver la Justicia especializada en delitos económicos si el juez federal Ariel Lijo acepta la competencia.
Las cifras de la polémica y el descargo con criptomonedas
La investigación que se inició a partir de una denuncia formulada por la diputada Marcela Pagano puso la lupa sobre el flujo de dinero del exfuncionario. Durante el período investigado, la fiscalía identificó erogaciones por US$ 402.578, de los cuales cerca de US$ 374.000 se abonaron en efectivo. A su vez, los peritos detectaron una diferencia superior a los $ 43 millones entre sus ingresos registrados y los gastos efectivamente realizados.
Para justificar los desembolsos, la defensa presentó un descargo en el que detalló su posición financiera: “Invertí cerca de US$ 200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018”. Según la explicación remitida al juzgado, la venta posterior de esos activos digitales le permitió a Adorni obtener “US$ 591.544, que conservé en dólares billete”.
La fiscalía ordenó peritar ocho direcciones digitales aportadas por la representación legal para reconstruir la trazabilidad del dinero. Si bien los especialistas comprobaron que las billeteras virtuales existían, tenían actividad en los años indicados y estaban bajo control de la defensa, determinaron que no resultaba posible establecer quién las administró en ese período ni reconstruir la identidad completa de las partes involucradas.
A pesar de esas limitaciones técnicas, el fiscal consideró que los ingresos históricos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, mostraban que la inversión inicial no resultaba económicamente imposible. Por ese motivo, Pollicita entendió que faltaban elementos para desmentir la versión sobre el origen previo de los fondos.
Inmuebles, obras y el pedido de pase a la Justicia Penal Económica
El foco de la fiscalía gira ahora hacia la eventual omisión de impuestos nacionales como Ganancias o Bienes Personales. Entre los puntos bajo sospecha figuran la tenencia de divisas sin declarar, el uso recurrente de dinero en efectivo, las discrepancias entre las plataformas digitales y los registros fiscales, y la inclusión de bienes mediante declaraciones rectificativas presentadas con la investigación ya iniciada.
Dentro del expediente también se analizaron compras inmobiliarias de relevancia. En noviembre de 2024, el exfuncionario adquirió una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por US$ 120.000. Los documentos reflejaron que US$ 100.000 correspondieron a un préstamo privado y los US$ 20.000 restantes a un pago en efectivo. Las refacciones de esa finca expusieron contradicciones: el contratista Matías Tabar declaró haber cobrado “US$ 245.000 en efectivo y sin facturas”, mientras que el exjefe de Gabinete afirmó que las obras demandaron “US$ 175.000”.
A esa operación se sumó la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, concretada en noviembre de 2025 por US$ 230.000, mediante un pago inicial de US$ 30.000 en efectivo y financiamiento privado por el monto restante.
Frente a este escenario, el fiscal Pollicita pidió remitir las actuaciones al fuero Penal Económico y solicitó investigar por separado a los desarrolladores inmobiliarios Leandro Miano y Pablo Feijoo, al contratista Matías Tabar, y girar los antecedentes a la entidad profesional correspondiente para revisar la labor de la escribana Adriana Mónica Nechevenko