El Gobierno se prepara para enviar al Congreso un proyecto de ley que habilite el pago a los fondos que aún litigaban contra la Argentina por la deuda en default de 2001, en una estrategia que combina negociación judicial y respaldo legislativo para cerrar uno de los capítulos pendientes desde la crisis.
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El presidente Javier Milei enviará en las próximas horas al Congreso un proyecto de ley para habilitar el pago del acuerdo alcanzado con los fondos que continuaban litigando contra la Argentina por la deuda en default de 2001.
Según indicaron fuentes oficiales, el texto ya se encuentra en la Secretaría de Legal y Técnica y está en condiciones de ser elevado para la firma presidencial. “Estaba en proceso de revisión. Se manda entre hoy y mañana al Congreso”, señalaron desde el Gobierno.
En el Ejecutivo aseguran que los equipos técnicos ya finalizaron el análisis de los detalles de la iniciativa y que se optó por avanzar a través de una ley para otorgarle sustento institucional al entendimiento alcanzado. No obstante, en el oficialismo evitan precisar el monto y la modalidad de pago, argumentando confidencialidad sobre los términos del acuerdo.
El avance formal del proceso ya fue comunicado en los tribunales de Nueva York. En una presentación realizada el 10 de abril ante la jueza Loretta Preska, los abogados de la Argentina informaron que el 1 de abril se firmó un acuerdo definitivo entre las partes, sujeto a la aprobación del Congreso. En ese mismo documento, se anticipó que el convenio sería enviado al Poder Legislativo durante la semana siguiente.
El caso involucra a los fondos Bainbridge Fund y Attestor, que mantenían fallos firmes contra el país por la cesación de pagos declarada hace más de dos décadas. La disputa acumulaba reclamos por alrededor de USD 600 millones, aunque fuentes vinculadas al proceso indicaron que el monto final acordado sería menor, dado que parte del colateral de los bonos Brady ya había sido ejecutado por los acreedores.
La negociación permitió además frenar, al menos de manera temporal, otras medidas de ejecución en Estados Unidos. Entre ellas, se encontraba el intento de Bainbridge de avanzar sobre activos estatales como las acciones del Banco Nación y de Aerolíneas Argentinas, un frente que quedó en suspenso mientras se completa el trámite legislativo.
La decisión de enviar el proyecto al Congreso refleja la intención del oficialismo de cerrar uno de los litigios remanentes del default de 2001 con aval parlamentario, en lugar de hacerlo únicamente por vía administrativa. En el Gobierno consideran que esta estrategia reduce el riesgo de futuras impugnaciones y otorga mayor solidez política al acuerdo, que por el momento se mantiene bajo reserva.
El movimiento se produce en paralelo a la reciente victoria judicial de la Argentina en la apelación por la causa de YPF, un expediente que resultó favorable al país, aunque aún aguarda posibles nuevas definiciones en la Justicia estadounidense.
La estrategia legal es coordinada por el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, quienes lideran las gestiones para ordenar el frente judicial internacional.
Desde la Casa Rosada explican que el enfoque combina dos ejes: por un lado, la defensa de los casos que el Estado considera abiertos y, por otro, la búsqueda de soluciones políticas y legislativas para aquellos litigios con posibilidades de resolución negociada.
En ese marco, el proyecto que el Ejecutivo enviará al Congreso apunta a cerrar uno de los capítulos aún pendientes desde el colapso de la deuda de 2001 y avanzar en la normalización de la situación financiera internacional de la Argentina.