El Senado de la Nación dio media sanción al proyecto que establece un marco regulatorio para el desarrollo, registro y comercialización de créditos de carbono en Argentina. La iniciativa fue aprobada por 60 votos afirmativos y 2 negativos y ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados. El texto busca atraer inversiones, garantizar trazabilidad, evitar el doble conteo y generar nuevas fuentes de financiamiento a partir de proyectos de reducción o captura de emisiones.
El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría el proyecto que crea un marco regulatorio para el desarrollo de proyectos vinculados con la reducción y remoción de emisiones de gases de efecto invernadero y la generación de créditos de carbono.
La iniciativa obtuvo 60 votos afirmativos y 2 negativos, correspondientes a los senadores santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, y deberá continuar ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados.
La propuesta reunió el acompañamiento de La Libertad Avanza, la UCR, PRO, sectores del justicialismo, Primero los Salteños, Movimiento por Misiones y otros bloques provinciales.
El proyecto surge de la unificación de distintas iniciativas presentadas en el Senado, entre ellas las impulsadas por Flavia Royón, de Salta; Sonia Rojas Decut y Carlos Arce, de Misiones; y Jorge Capitanich, de Chaco.
Qué es un crédito de carbono
Un crédito de carbono representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente que fue evitada, reducida o removida de la atmósfera mediante un proyecto certificado.
Estos créditos pueden originarse, entre otras actividades, mediante proyectos de reforestación, conservación de bosques nativos, generación de energías renovables, agricultura regenerativa o iniciativas que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero.
Una vez verificada la reducción o captura, los créditos pueden ser adquiridos por empresas, organizaciones o países que buscan compensar parte de sus propias emisiones.
El objetivo de la nueva normativa es establecer reglas comunes para que estos activos puedan desarrollarse y comercializarse en Argentina y en mercados internacionales, además de brindar mayor seguridad jurídica a quienes inviertan en este tipo de proyectos.
Los objetivos del proyecto
Entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentra promover proyectos de reducción y remoción de emisiones, desarrollar instrumentos económicos y financieros que faciliten su crecimiento y acceso a mercados y establecer mecanismos de trazabilidad.
También busca evitar el doble conteo de las reducciones de emisiones, impulsar las economías regionales mediante esquemas compatibles con la protección ambiental, brindar seguridad jurídica a los titulares de los proyectos y respetar las competencias provinciales sobre los recursos naturales.
El proyecto crea además el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), que funcionará como una plataforma pública, gratuita y declarativa para registrar los proyectos y garantizar la trazabilidad de los créditos generados.
Qué dijeron los senadores
Durante el debate, la senadora salteña Flavia Royón sostuvo que Argentina perdió terreno frente a otros países por no contar con una regulación específica para este mercado.
“La Argentina está quedándose atrás en esta temática de los mercados de carbono por no tener un marco regulatorio que permita que los bonos de carbono puedan ser comercializados en los mercados regulados o mediante mecanismos que pagan mejores valores”, afirmó.
Por su parte, la senadora misionera Sonia Rojas Decut destacó las posibilidades económicas que abre la regulación.
“Tratamos una ley que define cómo integrar la Argentina a los mercados internacionales de carbono, un mercado donde conservar bosques y reducir emisiones puede generar inversión, financiamiento y oportunidades para las provincias y las empresas argentinas”, señaló.
Rojas Decut también puso en valor durante el debate la experiencia de Misiones en la conservación de la selva paranaense y en la generación de créditos ambientales.
“Misiones quiere esta ley porque necesita reglas claras y hemos trabajado de manera muy comprometida para crear una ley que comprenda cómo funcionan los distintos modelos que generan créditos de carbono”, sostuvo.
La legisladora recordó además que Misiones desarrolló un programa jurisdiccional REDD+ vinculado con la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de bosques. La provincia cuenta con alrededor de 1,6 millones de hectáreas de bosque nativo involucradas en este esquema y logró la certificación de más de 13 millones de toneladas de créditos de carbono.
Por su parte, Jorge Capitanich planteó que la generación de créditos puede convertirse en una herramienta de financiamiento ambiental.
“Si tenemos capacidad de generar mecanismos de financiamiento es con el objetivo de convertirnos en acreedores ambientales; que todos los que aumentan los gases de efecto invernadero que destruyen el ambiente efectivamente tengan que pagar la compensación”, afirmó.
Créditos como bienes con entidad jurídica propia
Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que los créditos de carbono serán considerados bienes inmateriales de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia.
Esto significa que estarán diferenciados del inmueble, del recurso natural o de la actividad que permitió generar la reducción de emisiones.
El objetivo es definir claramente quién posee el crédito y otorgar seguridad jurídica para su posterior comercialización.
En los proyectos relacionados con recursos naturales, la norma también busca preservar el dominio originario de las provincias y las competencias establecidas por el federalismo ambiental.
Libre comercialización y operaciones internacionales
Como regla general, los créditos de carbono podrán comercializarse libremente en mercados nacionales e internacionales sin necesidad de obtener una autorización administrativa previa.
La excepción se aplicará cuando esos créditos sean utilizados para cumplir compromisos climáticos de otro país o para determinados mecanismos internacionales, como los contemplados dentro del Acuerdo de París.
En esos casos será necesaria la autorización de la autoridad de aplicación y deberán realizarse los ajustes correspondientes para evitar que una misma reducción de emisiones sea contabilizada tanto por Argentina como por otro país.
El texto también establece una alícuota del 0% en los derechos de exportación para las transferencias internacionales alcanzadas por el régimen.
Estabilidad fiscal por diez años
Otro de los beneficios previstos es la estabilidad fiscal durante 10 años para los proyectos registrados en el ReNaRe respecto de los tributos nacionales.
La medida busca dar previsibilidad a inversiones que, por sus características, suelen requerir varios años para desarrollar, certificar y comercializar las reducciones de emisiones generadas.
El sector agroindustrial había destacado previamente este beneficio junto con la eliminación de derechos de exportación y la creación de un registro declarativo que no funcione como una autorización adicional para comercializar los créditos.
Los créditos podrán respaldar instrumentos financieros
El proyecto permite además utilizar los créditos de carbono como respaldo o componente de instrumentos financieros.
Cuando esos instrumentos estén comprendidos dentro del régimen de oferta pública, quedarán bajo la intervención y regulación de la Comisión Nacional de Valores.
La intención es habilitar mecanismos como fideicomisos, fondos de inversión, bonos verdes u otros productos financieros respaldados por activos ambientales.
De esta manera, los créditos no solo podrán negociarse como activos ambientales, sino también utilizarse para canalizar financiamiento hacia nuevos proyectos.
Un mercado con potencial para generar divisas
El sector privado estima que el desarrollo de un mercado regulado de carbono podría representar una fuente relevante de divisas para Argentina.
Proyecciones del Consejo Agroindustrial Argentino calculan que un marco regulatorio claro podría generar entre US$1.400 millones y US$3.900 millones anuales en exportaciones de créditos de carbono, además de movilizar más de US$2.000 millones en inversiones territoriales directas en el mediano plazo.
Actualmente existen decenas de proyectos de carbono en ejecución en el país, concentrados principalmente en el mercado voluntario. La aprobación de una normativa nacional busca ampliar ese universo, facilitar el acceso a compradores internacionales y establecer estándares comunes para la certificación y trazabilidad.
Con la media sanción del Senado, el proyecto deberá ahora ser analizado por la Cámara de Diputados. Si obtiene allí la aprobación sin modificaciones, quedará convertido en ley.