La sospecha de que funcionarios de Milei podrían haber colaborado para que Flávio Bolsonaro abandonara Brasil pese a una restricción judicial llevó a la Justicia a avanzar sobre el operativo que permitió su salida desde Misiones hacia Estados Unidos. La investigación busca determinar si hubo encubrimiento, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público, y ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos por la provincia.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti requirió a organismos nacionales que conserven los registros de las cámaras de seguridad del puente Tancredo Neves y del aeropuerto de Puerto Iguazú, en el marco de las medidas preliminares para determinar si hubo colaboración irregular de funcionarios argentinos en la salida del dirigente brasileño.
La Justicia federal ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad que registraron el paso de Flávio Bolsonaro por Misiones, antes de su partida hacia Estados Unidos en un avión privado. La medida apunta a resguardar posibles pruebas sobre el ingreso del dirigente brasileño, los controles migratorios y las circunstancias en las que dejó el territorio argentino, en medio de las sospechas sobre una eventual ayuda de funcionarios del gobierno de Javier Milei.
La decisión fue adoptada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, quien solicitó una serie de medidas preliminares para evaluar si corresponde impulsar una investigación penal por presunto encubrimiento y otras posibles irregularidades.
El requerimiento fue dirigido a la Dirección Nacional de Migraciones, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería Nacional. Los organismos deberán conservar los registros audiovisuales correspondientes a los sectores bajo su jurisdicción, entre ellos el puente internacional Tancredo Neves, que conecta Puerto Iguazú con Foz do Iguaçu, y el aeropuerto internacional de la ciudad misionera.
El objetivo es evitar que se pierdan imágenes que podrían permitir reconstruir los movimientos de Bolsonaro y su familia durante su breve permanencia en la Argentina, así como las actuaciones de los organismos que intervinieron en el procedimiento.
La medida se inscribe en una etapa preliminar: la Justicia debe reunir información antes de resolver si abre formalmente una investigación sobre la posible participación de funcionarios argentinos en la salida del senador brasileño.
El paso por Puerto Iguazú
Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, acompañado por su esposa y sus dos hijas. De acuerdo con la información difundida por la Dirección Nacional de Migraciones, el ingreso se registró a las 22.50 y el grupo familiar presentó documentación habilitada para viajar. La información fue hecha pública por Migraciones recién pasadas las 2.00 de la madrugada del miércoles, es decir cuatro horas después, cuando el avión que los transportó ya estaba en vuelo y a punto de aterrizar.
En efecto, poco después de su ingreso a Misiones, la familia abordó un avión privado de la empresa Baires Fly en el aeropuerto de Puerto Iguazú, desde donde partió rumbo a Estados Unidos, con una escala técnica en Guayaquil, Ecuador -como informó en exclusiva el martes Misiones Online-, antes de continuar hacia el área de Miami.
La huida de Bolsonaro se produjo en medio de la prohibición de salir de Brasil que le impuso la Justicia de ese país, en el marco de una causa en la que es investigado por lavado de dinero. Además, tenía la orden de entregar sus pasaportes. La situación abrió interrogantes sobre si las autoridades argentinas tenían información oficial acerca de esas medidas y si existía algún impedimento que debiera ser considerado durante su paso por el país.
La investigación busca establecer, entre otros puntos, qué información recibieron los organismos argentinos, cuáles fueron los controles realizados y si hubo alguna intervención irregular que facilitara el traslado del dirigente hacia Estados Unidos.
Desde el Gobierno nacional sostuvieron que Bolsonaro ingresó a la Argentina con documentación válida y que no existían alertas o restricciones registradas que impidieran su tránsito por el territorio argentino. La preservación de las imágenes permitirá contrastar los registros audiovisuales con la documentación oficial y las respuestas que deberán aportar las distintas dependencias.
Las denuncias contra el Gobierno nacional
Las actuaciones en Comodoro Py se originaron a partir de una denuncia presentada por el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano, quien pidió investigar un posible encubrimiento y la eventual utilización de recursos estatales para facilitar la salida de Bolsonaro.
La presentación apunta al presidente Javier Milei y a otros funcionarios nacionales, aunque la existencia de una denuncia y el dictado de medidas preliminares no implican que se haya acreditado la comisión de un delito. En paralelo, la Justicia federal de Puerto Iguazú también inició actuaciones para esclarecer las circunstancias del ingreso del brasileño a Misiones y determinar si existía alguna restricción legal que debiera haber sido considerada por las autoridades fronterizas.
En ese expediente, impulsado a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, se solicitaron informes a organismos oficiales y el resguardo de registros vinculados con el cruce fronterizo y el vuelo privado. Con las imágenes y la documentación requerida, los investigadores buscarán reconstruir la secuencia completa del paso de Bolsonaro por Misiones y establecer si se trató de un tránsito realizado conforme a los procedimientos vigentes o si hubo actuaciones que ameriten una investigación penal